En octubre del año pasado, el Ministerio de Transporte aprobó el llamado a licitación pública para modernizar la traza del ferrocarril San Martín desde la estación Retiro hasta Pilar. Se trata de un trabajo que demandará una inversión de más de 52.000 millones de pesos, donde aproximadamente el 80 por ciento será financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto involucra la traza cuyo recorrido se extiende en 55 kilómetros y, según las autoridades nacionales, beneficiará de manera directa a más de 2,6 millones de personas mensualmente, e indirectamente a más de 16,6 millones de habitantes del AMBA.
Se contemplará la renovación y mejora de vías y aparatos de vías (ADV) entre Retiro y Pilar; un nuevo sistema de señalamiento; la electrificación de la línea; la construcción de la subestación eléctrica en William Morris; y la renovación de la estación Pilar, entre otras cuestiones.
En tanto, respecto de los beneficios, el Ministerio de Transporte asegura que se logrará la reducción de tiempos de viaje, la disminución en los niveles de accidentalidad, menores emisiones de gases de efecto invernadero, mejora en la seguridad, confiabilidad y confort del servicio, además de mayor vida útil para el material rodante y el menor mantenimiento.
Pero conseguir esto también tiene un costo, y parte de ello es lo que se anunció en la nueva resolución que confirmó que Transporte gastará algo más de 2.000 millones de pesos para contratar un servicio de consultoría nacional o internacional mediante la convocatoria a una licitación para recibir las propuestas.
Según las condiciones del pliego, la consultora elegida deberá encarar la supervisión técnica del diseño y la construcción de las obras del San Martín. Asimismo, deberá revisar y aprobar la documentación técnica del proyecto en sus diferentes etapas, llevar a cabo la inspección y el control de las obras de renovación de la infraestructura de vía. Es decir, de los rieles, durmientes, balasto y fijaciones, entre otras.
Del mismo modo, tendrá que inspeccionar y controlar las obras del nuevo sistema de señalamiento, control de trenes y adaptación del sistema de protección actual. El pliego también la obliga a evaluar y controlar la provisión de equipos para mantenimiento de vías, de los aspectos ambientales, sociales y de higiene y seguridad.
Finalmente, la resolución apunta a que “todas las tareas de supervisión serán contempladas en un solo contrato, con un plazo de ejecución de 60 meses, los que se contabilizarán a partir de la firma del respectivo contrato, estimado para diciembre próximo y el plazo total se compone de 48 meses previstos para las obras, más 12 meses del período de garantía, considerando las recepciones parciales”.
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