La Secretaría de Transporte de la Nación defendió la política de Emergencia Ferroviaria implementada en 2024 y aseguró que las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Línea San Martín coinciden con los problemas estructurales que la actual gestión identificó al asumir. Desde el organismo remarcaron que el plan de recuperación del sistema ferroviario ya contempla medidas para corregir esas deficiencias y que se ejecutan más de 300 acciones destinadas a mejorar la seguridad y la calidad del servicio.

La respuesta oficial llegó luego de que la AGN difundiera un informe en el que detectó falencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y en las prácticas operativas de la Línea San Martín, además de advertir sobre la limitada efectividad de las medidas adoptadas para corregir esas irregularidades.

En un comunicado, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, recordó que la Emergencia Ferroviaria fue declarada mediante el Decreto 525/2024, tras el accidente ocurrido en mayo del año pasado entre dos formaciones de la Línea San Martín en el barrio porteño de Palermo.

Según el Gobierno, esa decisión permitió reorganizar las prioridades de inversión para concentrar recursos en los aspectos más sensibles del sistema ferroviario, como la infraestructura, el material rodante, el señalamiento, las comunicaciones, los sistemas de seguridad y el mantenimiento.

"La medida está orientada a priorizar inversiones y acelerar intervenciones sobre los componentes más sensibles para la seguridad y la confiabilidad de los servicios", señalaron desde la Secretaría.

En ese sentido, afirmaron que durante el último año se ejecutaron más de 300 acciones en distintas líneas ferroviarias y sostuvieron que muchas de las observaciones difundidas por la AGN ya habían sido detectadas por la actual administración.

"Las cuestiones difundidas públicamente coinciden, en gran medida, con los problemas estructurales que la actual gestión identificó desde el inicio y que motivaron la implementación de este programa integral de recuperación ferroviaria", indicó el organismo.

Las mejoras previstas

Respecto de la Línea San Martín, que une Retiro con Pilar y Cabred, la Secretaría destacó que ya se impulsaron diversas medidas destinadas a mejorar la operación.

Entre ellas sobresale la compra de tres nuevas locomotoras, la primera adquisición de este tipo para la línea desde 2015. Dos de esas unidades ya se encuentran en funcionamiento y buscan aumentar la disponibilidad de material tractivo y reducir las interrupciones del servicio.

Además, el Gobierno informó que avanzan los procesos de compra de repuestos críticos y equipamiento técnico para tareas de mantenimiento, junto con la implementación del sistema de frenado automático ATS, la modernización del señalamiento ferroviario, la recuperación de material rodante y distintas obras sobre la infraestructura.

La Secretaría sostuvo que estas acciones van en la misma dirección que las recomendaciones formuladas por la AGN, orientadas a fortalecer los controles, mejorar el mantenimiento y modernizar los sistemas de seguridad.

Qué observó la Auditoría General

El informe de la AGN analizó la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

Entre sus principales conclusiones, el organismo señaló que los mecanismos de fiscalización y control aplicados sobre la Línea San Martín tuvieron una efectividad limitada para corregir las irregularidades detectadas.

La auditoría también cuestionó el régimen sancionatorio vigente hasta 2023, al considerar que las observaciones formuladas por la CNRT derivaban únicamente en llamados de atención que no generaban cambios concretos en la conducta de los operadores ferroviarios.

Asimismo, recordó que en 2023 ese esquema fue reemplazado por un sistema denominado Control Evaluativo Integral, que dejó sin efecto expedientes sancionatorios acumulados durante varios años. En el caso de la Línea San Martín, quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones aplicadas entre 2017 y 2022.

No obstante, la AGN advirtió que el nuevo régimen tampoco establece sanciones específicas cuando las anomalías detectadas no son corregidas, lo que limita la capacidad del Estado para garantizar mejoras efectivas en la seguridad ferroviaria.

La respuesta oficial

Frente a esas conclusiones, la Secretaría de Transporte aseguró que el informe no contradice la estrategia adoptada desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, sino que reafirma la necesidad de continuar con las inversiones en marcha.

También aclaró que algunos indicadores difundidos públicamente incluyen distintas categorías de incidentes operativos y que su evolución no implica necesariamente un aumento de los eventos de mayor gravedad, como choques o descarrilamientos.

Por último, el organismo sostuvo que los resultados de las inversiones deberán evaluarse a medida que avance el proceso de recuperación del sistema ferroviario y ratificó que el objetivo sigue siendo garantizar un servicio más seguro y confiable.

"Hoy existe un plan de acción concreto, obras en ejecución y una estrategia integral orientada a recuperar infraestructura crítica, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios. La Emergencia Ferroviaria no fue una reacción ante un hecho puntual. Fue una decisión estratégica para reordenar las prioridades de inversión del sistema ferroviario argentino", concluyó la Secretaría de Transporte.