El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), reglamentó el procedimiento de aplicación de Consumo No Registrado (CNR) aplicado por parte de las empresas encargadas de la distribución de energía, en el caso de Pilar, la compañía Edenor.
Tal como señalaron, el objetivo es proteger los derechos de los usuarios del servicio, y de acuerdo a información del ente, a través de la medida, las autoridades del organismo buscan dar respuesta a la situación “irregular” generada en torno a la implementación de los CNR de las firmas y brindar continuidad a las acciones asumidas previamente, donde ordenaron la suspensión inmediata de la aplicación y el cobro de recupero de Consumos de Energía no Registrados hasta alcanzar la reglamentación del procedimiento para su aplicación.
En esta línea, vale recordar que el ENRE ya había reglamentado el procedimiento de administración de este tipo de consumos, a fin de cumplir con dos de los objetivos de su actual intervención, a cargo de Soledad Manín: “Regular el procedimiento a seguir por parte de Edenor y Edesur frente a casos de CNR y garantizar una aplicación transparente del mismo”.
Además, con el objetivo de que las empresas apliquen “en forma inmediata” la reglamentación aprobada, la cartera dependiente de la Secretaría de Energía instruyó a las concesionarias a implementar el procedimiento sobre las notas de débito y liquidaciones complementarias emitidas hasta la fecha.
Respecto de los nuevos puntos, el ENRE reglamentó que la notificación fehaciente a los usuarios deberá ser realizada con una anticipación no menor a dos días hábiles administrativos previa la inspección del medidor, y agregaron que las notas de débito y las facturas complementarias, en caso de que correspondan, “deberán ser emitidas de forma independiente y contener un plan de pagos con tantas cuotas mensuales como períodos a recuperar”.
“Desde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad continuamos trabajando con el objetivo de propender a la normalización del sector y las tarifas, para garantizar una normal prestación de los servicios públicos, garantizando los derechos de los usuarios y la seguridad ciudadana”, concluye el comunicado.
Cabe destacar que la semana pasada, la interventora María Soledad Manín, también había firmado un acuerdo de cooperación con la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, bajo la premisa de “fortalecer la articulación entre los organismos en pos de la protección y defensa de los derechos de las personas usuarias”.
Según información oficial, el convenio alcanzado entre las dos entidades públicas contempla un intercambio de información sobre los resultados del seguimiento de la red eléctrica, y las auditorías realizadas sobre las concesionarias del servicio y las denuncias recibidas por parte de los consumidores.
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