El Gobierno nacional avanzó con uno de los puntos centrales del proceso de privatización del Belgrano Cargas y definió el destino que tendrán los recursos obtenidos por la venta de sus activos. A través del Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el dinero será utilizado para financiar las obras de infraestructura ferroviaria que deberán ejecutar los futuros concesionarios. 

La nueva disposición alcanza tanto al material rodante que sea vendido mediante remate como a aquel que sea incorporado a los contratos de concesión. En ambos casos, los recursos deberán ser depositados en un fideicomiso específico que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tendrá como finalidad exclusiva financiar y pagar las obras comprometidas por los privados. 

La modificación busca evitar que el dinero quede dentro de un mecanismo de administración más amplio. Hasta ahora, estaba previsto que los fondos ingresaran al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, que administra diferentes fuentes de financiamiento y contempla múltiples destinos vinculados con infraestructura. 

Según los fundamentos de la nueva norma, contar con un instrumento específico permitirá administrar los recursos de manera más directa y agilizar los desembolsos destinados a las obras ferroviarias. De esta manera, el Gobierno busca vincular el producido de la venta de los activos con las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura. 

El decreto también establece cómo se determinará el valor del material rodante que eventualmente forme parte de los contratos de concesión. El Ministerio de Economía deberá fijar ese precio tomando como referencia mínima la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en el marco del proceso de privatización. 

Una red clave para el transporte de cargas 

El Belgrano Cargas y Logística fue incluido entre las empresas estatales sujetas a privatización por la Ley Bases. La compañía administra una red de aproximadamente 7.600 kilómetros de vías que atraviesa 15 jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. 

Su actividad está concentrada en el transporte de cargas, especialmente productos agrícolas, minerales, madera, carbón de coque, metales y distintos bienes destinados al consumo. La empresa cuenta además con ocho talleres propios y una estructura organizada en once unidades productivas. 

El Gobierno de Javier Milei sostiene que la empresa presenta un elevado déficit y una estructura de personal sobredimensionada, argumentos que fueron utilizados para impulsar su transferencia al sector privado. 

El proceso apunta a otorgar concesiones para la operación de los servicios ferroviarios de carga por un período de hasta 50 años. La publicación de los pliegos constituye uno de los próximos pasos centrales del proceso, que viene siendo preparado por el Ejecutivo desde la decisión de avanzar con la privatización.

Entre los grupos que manifestaron interés aparece Grupo México Transportes (GMXT), mientras que también participa en la competencia un grupo integrado por empresas vinculadas al sector agroindustrial, entre ellas ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Reuters también consignó interés de otros actores vinculados a la minería y al transporte ferroviario.

La privatización se inscribe además en un plan más amplio para incrementar la participación del ferrocarril en el traslado de producción agrícola y minera hacia los principales centros de exportación. El desafío será combinar la llegada de capital privado con las inversiones necesarias para recuperar y modernizar una infraestructura que resulta estratégica para reducir los costos logísticos del país.

Fuente: Agencia DIB