- Discriminación escolar
Durante los últimos meses, el colegio Magno de Pilar ha estado en el centro de la escena pública. Todo comenzó cuando la institución decidió comunicarle a la familia de ocho alumnos que no le renovaría la matrícula para el próximo ciclo lectivo a raíz de que esos chicos, quienes cuentan con discapacidad o algún tipo de problema de aprendizaje, provocaban un atraso en sus compañeros y “bajaban la vara” en cuanto al nivel educativo.
Sin lugar a dudas, este hecho provocó indignación en la comunidad educativa y en toda la sociedad, llegando a la intervención de diferentes organismos como el INADI o la Defensoría del Pueblo, además del Estado a través de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
La postura fue de brindarle la oportunidad al colegio de dar marcha atrás con su decisión, pero los dueños de la institución se mostraron firmes en el camino que buscaban tomar, y al no encontrar aceptación a su alrededor, terminaron sorprendiendo con la determinación de cerrar las puertas a partir del año que viene.
De esta forma, la nueva decisión amplió sustancialmente el universo de familias cuyas vidas cambiarán prontamente, no solo por la matrícula que ronda los 500 estudiantes de los diferentes niveles, sino también por la plantilla de trabajadores.
En este último grupo se incluye el plantel docente, grupo que fue de los primeros en tomar conocimiento de la decisión a partir de un comunicado del colegio que agradecía por su trabajo y llevaba tranquilidad con la promesa de que se le abonaría una indemnización al 100 por ciento, acompañado también del salario de diciembre y vacaciones.
Sin embargo, una nueva polémica nace ahora por lo que supone la falta a esa palabra. Es que en las últimas horas, los dueños del Magno presentaron ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis, el cual podría reducir al 50 por ciento las indemnizaciones de ser aprobado.
En este sentido, el dirigente del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), Mariano Molina, indicó en una entrevista con Canal Pilar que “el colegio decidió presentar un procedimiento preventivo de crisis. Si esto es autorizado por el Ministerio, les van a pagar solamente el 50 por ciento de la indemnización”, y agregó que además “solo garantizan el pago del mes de noviembre, ya que según ellos el pago de diciembre estará sujeto a la recaudación”.
El dirigente gremial también sostuvo: “La cuota es bastante alta, pero ellos alegan que han tenido moras. Igualmente tienen que presentar los últimos tres balances, es raro que lo presenten justo ahora en medio de esta polémica. Si bien el colegio había tomado una decisión para nosotros apresurada la situación venía bien, pero ahora hacen esto para pagar lo menos posible a los trabajadores”.
Por último, explicó que la determinación final sobre lo que ocurrirá la tendrá el Ministerio, ya que “va a analizar toda la documentación que presente el colegio y eventualmente será quien apruebe o no el procedimiento preventivo de crisis”.
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“El Ministerio va a analizar toda la documentación que presente el colegio y eventualmente será quien apruebe o no el procedimiento preventivo de crisis”
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