D’Onofrio busca abrir el debate sobre prevención y sanción en casos de violencia de género

El diputado provincial ha planteado la necesidad de un Estado que “comience a actuar ante el primer síntoma de violencia”. Además, habla de modificar las penas y “limitar la figura de prisión en suspenso”.

Luego del femicidio de Úrsula Bahillo, quien fue asesinada por su expareja, miembro de la Policía Bonaerense, el diputado provincial Jorge D’Onofrio dio el puntapié inicial para que se trabaje en la prevención y sanción de las conductas violentas contra las mujeres. En ese sentido, manifestó: “Es necesario que el Estado comience a actuar ante el primer síntoma de violencia de género. Esto va más allá de un cambio cultural. Faltan herramientas que permitan a las víctimas ponerse al resguardo de los agresores”.

Así, el pilarense busca iniciar un debate legislativo que permita revertir un panorama dramático, y para ello adelantó que se deberán “plantear las reformas necesarias y las cosas que no funcionan en la Justicia”.

De esa manera, y acompañando el accionar del presidente Alberto Fernández, que a partir del mencionado caso decidió convocar un Consejo Nacional junto a gobernadores, D’Onofrio se propuso instalar el debate para “abrir reformas” en la Legislatura bonaerense. Y una a la cual se apunta, tiene que ver con eliminar la figura de la prisión en suspenso para un golpeador, y lograr que se implemente “un arresto efectivo con tratamiento durante 30 días”.

Tal como señaló el legislador que preside la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, “hay que limitar la figura de prisión en suspenso para los casos en los que el Estado determine que son problemáticos o complicados”. Y así evitar hechos que a futuro se convierten en otro femicidio que lamentar.

Por otra parte, también promueve una “modificación en las penas” para casos de violencia de género. Y no deja de tener en cuenta la prevención: “En cuanto a lo que es violencia de género hemos avanzado mucho al identificarla y llamarla por su nombre, pero lo que hace el Estado no es eficiente porque ha aumentado”.

D’Onofrio analizó que con la Ley Micaela, para capacitar obligatoriamente en género y violencia de género a todas las personas que se desempeñan en la función pública, “no alcanza”. “El Estado tiene que actuar cuando aparecen los primeros síntomas de violencia. Debe obligar a hacer tratamientos, a que la respuesta sea efectiva para poner distancia entre el agresor y la agredida”, subrayó.

Finalmente, para comenzar con este necesario debate que plantea, cerró: “Esto nunca empieza por el final, hay síntomas que el Estado debería estar observando para dar un tratamiento adecuado, una historia previa que se debería poder detectar y resolver en instancias municipales, con asistentes sociales, mediadores y casas de abrigo”.