“Dijeron que el colegio no tenía fundamentos y que vulneró los derechos de mis hijos”

Marta Gómez desde 2019 se encuentra en una batalla contra el Instituto María Madre Nuestra de Alberti, que dejó sin vacante a sus hijos sin justificación. DIEGEP pidió la reincorporación, el colegio se negó y la familia aún espera. “Quiero que pidan disculpas”, dijo Gómez.

Ha pasado un año y cinco meses desde que la familia Mansilla comenzó su cruzada contra el Instituto María Madre Nuestra por la discriminación a sus dos hijos Joaquín y Facundo. En octubre de 2019, sin motivos, ambos se quedaron sin vacante en el colegio al que asistieron toda la vida y del cual su familia forma parte hace décadas.

Tras la denuncia y una investigación del caso la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) les dio la razón y le exigió al instituto la reincorporación de ambos menores, pero el colegio se negó. Marta Gómez, madre de los alumnos, se dirigió entonces al Obispado de Zárate-Campana, responsable del colegio católico: allí tampoco obtuvo respuestas.

Contra viento y marea, la mujer continúa con la lucha para que ellos vuelvan al colegio que tanto quieren a pesar de sus controversias con la nueva administración. Además, se suma la preocupación del mal estado de las escuelas estatales –a la que están asistiendo sus tres hijos– en medio de la pandemia.

“Estoy mandando a mis hijos a colegios del estado y la verdad, es que padecen de muchas necesidades, estoy muy intranquila. En el Jardín de Manuel Alberti donde mando a mi nena, están con falta de termómetros, las instalaciones según la directora no están en condiciones. Es preocupante y la verdad es que no me quedó otra que mandarlos a estos colegios que me asignaron”, explicó Marta Gómez a Resumen, haciendo referencia a que sus pequeños obtuvieron la vacante muy poco antes de comenzar el ciclo lectivo 2020 y todos en colegios distintos.

Sobre el caso de sus hijos más grandes, recalcó que desde la Inspección de Escuelas Privadas “dijeron que el colegio no tenía fundamentos y que vulneró los derechos de mis hijos”, pero que a pesar de la resolución, nada se ha logrado. “Me dijeron que se llevaría a una nueva investigación para ver qué sanción se le ponía a la institución y a la representación legal. No entiendo cómo se pueden negar a la justicia, que sería DIEGEP pero por el momento no tenemos respuestas, no nos contestan los llamados ni los mensajes”, indicó.

“Nos dan la razón en la denuncia pero después no saben qué hacer. Cómo el colegio está abierto como si no pasara nada, la persona que nos violentó está adentro de la institución con miles de chicos”, se quejó y añadió que esta misma semana irán al Obispado nuevamente con las actas de DIEGEP para ver si pueden dialogar con el mismo obispo, esperando su intervención.

Para ellos lo más importante es que haya justicia por todo lo que les ha pasado: “queremos que alguien intervenga. Veo sufrir a mis hijos, pero ya no sé a quién más pedir ayuda. Estoy en contacto con el obispo auxiliar, el Padre Justo, y él nos dice que los representantes del colegio se comunicarán para llegar a un arreglo. Pero yo quiero que me pidan disculpas por los daños, quiero ver a mis hijos felices de nuevo”.

“Vamos a seguir insistiendo, estamos preocupados. Hoy vemos que los colegios del estado tienen tantas necesidades y el Estado subvenciona al 100 por ciento a estos colegios en donde se discrimina y se violenta familias. Es indignante. Nosotros vamos a seguir luchando”, cerró Marta Gómez.