Denegaron la puesta en funcionamiento de una de las termoeléctricas de Villa Rosa

Allá por diciembre de 2017, la Justicia obligó a la planta generadora termoeléctrica Araucaria, instalada en Villa Rosa, a cesar su funcionamiento por estar ubicada en una zona catalogada como “residencial”, por lo que no estaba habilitado el uso industrial. La prohibición alcanzó también a APR, otra termoeléctrica que se había asentado en el mismo lugar.

El pasado 31 de agosto, Araucaria se presentó ante el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, para solicitar la modificación parcial de la medida cautelar dictada en autos, permitiendo operar la central de forma provisoria con dos turbinas, la cual fue rechazada en los últimos días. La intención de la planta era inyectar electricidad en el sistema de distribución nacional.

El juzgado denegó el pedido por la falta de permisos tanto del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como del Municipio de Pilar, cuyo intendente Federico Achával se manifestó abiertamente en contra del funcionamiento de las termoeléctricas. La resolución de González Charvay dejó firme una medida cautelar vigente desde diciembre de 2017.

La firma invocó “nuevas circunstancias” que generaron “la desaparición de las condiciones iniciales invocadas para justificar el dictado de la medida cautelar hace ya más de cuatro años”. Asimismo, informó que, en enero y julio de este año, realizó sendos pedidos de autorización a los organismos provinciales y municipales correspondientes.

Sin embargo, en este último pedido, la Justicia rechazó la “solicitud de modificación parcial de medida cautelar” ya que “no hace más que evidenciar -de una manera solapada- la reedición de cuestiones que ya han sido tratadas por el suscripto, circunscribiéndose a la falta de los permisos por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la central operada por Araucaria S.A., en cualquiera de sus modalidades”.

En 2016, para poder funcionar, el gobierno del entonces intendente Nicolás Ducoté otorgó una excepción al código urbano y luego, en una reforma integral, directamente lo rezonificó como industrial. Los vecinos reclaman la modificación del código de planeamiento para que futuras industrias no puedan instalarse en la zona.