El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto generado por los despidos en las plantas de Granja Tres Arroyos y Wade. La medida alcanza a 1.200 trabajadores y contempla la reincorporación de los despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.

En el caso de Pilar, la medida alcanza a unos 50 trabajadores de la planta que Granja Tres Arroyos tiene en La Lonja, establecimiento que permanece paralizado desde fines de agosto. La decisión del Gobierno bonaerense busca frenar el avance de los despidos y generar un ámbito de diálogo entre las empresas y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA).

La conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderse por otros cinco días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación y avanzar en una negociación destinada a procurar la preservación de los puestos de trabajo.

Además, el Ministerio de Trabajo fijó una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, Wade y el STIA para el próximo jueves, en la que continuará la discusión sobre la situación laboral de los establecimientos bonaerenses.

La planta de Pilar forma parte de un escenario de fuerte crisis financiera y operativa que atraviesa el grupo GTA. A fines de agosto, la compañía había confirmado la paralización "transitoria" de sus establecimientos de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría, mientras se acumulaban reclamos de los trabajadores por salarios atrasados y se profundizaban las dificultades económicas de la empresa.

En total, los despidos informados en las plantas bonaerenses alcanzan a unos 1.200 trabajadores: alrededor de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en la planta Wade 2 de Esteban Echeverría y 50 en Pilar. A esa cifra se suman unos 480 despidos registrados en la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La situación se da en medio de una crisis de mayor alcance para el grupo, que emplea a unas 6.500 personas en relación de dependencia en tres provincias. Según los datos conocidos hasta el momento, la compañía ya habría desvinculado a alrededor de 1.730 trabajadores entre sus establecimientos bonaerenses y entrerrianos.

El sindicato cuestionó la decisión empresarial y reclamó que se entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, algo que, según indicó el STIA, la empresa todavía no hizo. El gremio también rechazó los argumentos utilizados por Granja Tres Arroyos para justificar los despidos.

La compañía atribuyó la crisis a una disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno. Sin embargo, el secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó esos fundamentos y sostuvo que se trata de circunstancias que forman parte del riesgo empresarial.

"Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", afirmó Chamorro. También cuestionó que exista una sobreoferta de pollo en el mercado interno y aseguró que el consumo del producto continúa creciendo.

El dirigente sindical sostuvo además que la utilización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocado por la empresa para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor o falta de trabajo, tendría como objetivo reducir el monto de las indemnizaciones. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", afirmó.

Como parte de la audiencia que derivó en la conciliación obligatoria, se acordó también la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.

Ahora, con la conciliación obligatoria vigente, la situación de los trabajadores de la planta Pinazo y de los otros establecimientos bonaerenses quedará sujeta a una nueva instancia de negociación. El próximo jueves será una jornada clave para determinar si las partes consiguen avanzar en una salida que permita sostener los puestos de trabajo y destrabar el conflicto.