Aysa implementará cortes de agua por falta de pago

Por primera vez en la historia de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la empresa pública comenzará a cortar el servicio de agua corriente por falta de pago, marcando un cambio drástico en la política de provisión de este recurso considerado esencial. La medida, impulsada como parte de un proceso de “normalización” bajo parámetros privados, busca garantizar la sustentabilidad financiera de la compañía.

A partir de este mes, los usuarios no residenciales que presenten deudas serán notificados mediante cartas y correos electrónicos antes de la suspensión del servicio. Para los usuarios residenciales, en cambio, la empresa aseguró que no se realizarán cortes totales, pero sí se aplicarán restricciones, garantizando un mínimo caudal de agua por conexión.

Hasta ahora, el agua potable era tratada como un servicio público vital, lo que impedía los cortes por falta de pago. Sin embargo, el nuevo esquema lo equipara con servicios como la electricidad y el gas, donde las interrupciones son prácticas habituales ante incumplimientos.

Este cambio se produce en un contexto de fuerte ajuste tarifario: las tarifas de agua han aumentado un 317 por ciento entre abril y diciembre, un incremento que supera con creces al aplicado en otros servicios básicos como la luz y el gas, cuyas subas fueron moderadas por el impacto inflacionario. Los aumentos del agua siguieron una fórmula de actualización constante, según lo establecido en la Resolución 9/2024.

En diciembre se aplicará un nuevo aumento del 3 por ciento, profundizando la carga económica para los usuarios. Sin embargo, este esfuerzo por recuperar ingresos podría tener un impacto significativo en comercios, empresas y otras entidades no residenciales que dependan del servicio de agua para operar.

Según datos de AySA, hay 700 mil usuarios morosos. Por lo que la compañía determinó que existen planes de cuotas y condonación de intereses para aquellos que no puedan hacer frente a sus facturas pendientes.

La decisión de Aysa abre un debate profundo sobre el equilibrio entre la sustentabilidad financiera y el acceso universal al agua, un recurso que históricamente se consideró un derecho humano fundamental. A raíz de esto, los pilarenses tienen un nuevo desafío: lograr pagar un servicio que aumentó por encima de la inflación, sabiendo que si no lo hacen les cortarán un recurso esencial para la vida y el desarrollo económico.