La Justicia Federal de Zárate Campana autorizó el funcionamiento parcial de la termoeléctrica de Villa Rosa, operada por SCC Power Argentina S.A., en medio de una fuerte controversia con vecinos que desde hace años reclaman su cierre definitivo por su impacto ambiental y su cercanía con zonas residenciales.
Según la resolución judicial, la Central Matheu III podrá operar de forma provisoria durante tres meses, desde noviembre hasta fines de enero, con un máximo de dos turbinas y únicamente entre las 9 y las 21. La medida se fundamentó en la emergencia energética establecida por la Ley 27.742 y en informes técnicos de CAMMESA y de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que advirtieron sobre el riesgo de cortes de energía en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El fallo, dictado por el juez federal Adrián González Charvay, rechazó el pedido de la empresa para extender el horario de funcionamiento, al considerar insuficiente la justificación presentada. Además, ordenó a SCC Power Argentina presentar en un plazo de 30 días avances concretos del plan de desmovilización de la Central Matheu III, con detalle del estado de las gestiones, el grado de ejecución de las tareas y los plazos previstos para el cierre definitivo.
Asimismo, el magistrado dispuso que la Municipalidad de Pilar realice controles periódicos durante el período autorizado y remita los informes al tribunal. El Ejecutivo local reiteró su oposición a la continuidad de la planta, en línea con las asociaciones vecinales que denuncian desde hace años ruidos, vibraciones y posibles riesgos sanitarios y ambientales derivados de su operación en un área residencial.
La central termoeléctrica, instalada entre Pilar y Matheu, ya había sido objeto de múltiples reclamos judiciales, medidas de restricción y promesas de desmantelamiento que, según los vecinos, nunca se cumplieron. Por eso, la decisión judicial reavivó el conflicto entre los residentes y la compañía.
A través de un comunicado conjunto, las agrupaciones 1810 Vecinos Unidos por Pilar y Juvevir repudiaron el fallo: “La Justicia vuelve a fallarle a los vecinos de Pilar y Escobar. El juez federal volvió a conceder una nueva prórroga de tres meses a las empresas SCC Power (ex Stoneway) en un fallo tan injustificado como preocupante”.
Las entidades recordaron que tanto el Municipio de Pilar como el Ministerio Público Fiscal se opusieron a la prórroga y que organismos como la Autoridad del Agua (ADA) y la OPDS no respondieron dentro de los plazos. “Una vez más, el juez eligió ignorar las evidencias y el reclamo de los vecinos. Este fallo constituye un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la Justicia”, agregaron.
Finalmente, expresaron su “más enérgico repudio a esta decisión judicial, que desconoce el principio precautorio ambiental y la voluntad de las comunidades que desde hace años vienen exigiendo el cese definitivo de las plantas termoeléctricas ilegales”.
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