Aseguran que se requiere de mayor intervención de los jueces para evitar usurpaciones

Así lo planteó el abogado pilarense Marcelo Echevarría, quien manifestó que algunos jueces “no toman intervención directa ante el problema y lo dejan dilatar”. También destacó un caso en Pilar, donde se dio respuesta rápidamente.

La problemática relacionada a la falta de vivienda se ha vuelto más notoria en tiempos de pandemia, y las usurpaciones de tierras se colocan en el centro de la escena. En ese marco, el abogado pilarense Marcelo Echevarría expresó su postura al respecto, y señaló: “Si bien es cierto que el derecho a una vivienda digna se encuentra contemplado en la Constitución Nacional, no es menos cierto que, conforme al artículo 17, la propiedad privada también es inviolable”.

En ese sentido, aseguró que así como el principio básico de la Constitución es que la propiedad es inviolable, “el Código Penal impone una sanción no sólo para aquel que la viola, sino que la turbe”, y explicó que “para los que lucran cobrando a la propia gente carenciada un precio por una parcela de tierra usurpada, corresponde una sanción penal de seis meses a tres años de prisión al que despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un bien ya sea mediante violencia, amenaza o engaños, y, si esto es obra de dos o más personas que de manera deliberada, voluntaria y consciente, realizaron una toma de tierras privadas para lucrar posteriormente con los más necesitados, se debería evaluar una figura delictiva aún más agravada que sería el delito de asociación ilícita”.

Ahora, Echevarría analiza también los factores que llevan a que estas situaciones se concreten, argumentando que “lo que vemos muchas veces es que son los jueces los que no toman intervención directa ante el problema y lo dejan dilatar. Contrario a una situación que se dio en Pilar, cuando una gente tomó un terreno por La Lonja, y ante la queja de algunos vecinos, automáticamente el personal policial actuó rápidamente en conjunto con la Fiscalía, y los usurpadores fueron aprehendidos. Entonces, si nosotros en Pilar podemos hacer esto que es respetar la Constitución y el Estado de derecho, no se entiende por qué en otros lugares los jueces son permeables a consentir determinados actos”.

Por otra parte, el letrado indicó que es real que “la situación social es muy complicada, y que hay un déficit muy importante a nivel habitacional, pero tenemos que contrarrestarlo con políticas de Estado. Tomé como ejemplo lo que sucedió en San Luis, que ante un déficit habitacional muy pronunciado, el Gobierno hizo unas casas y se las dio a familias con una hipoteca donde mediante un importe accesible se hicieron de su vivienda digna y hoy pueden gozarla y disfrutarla sin la necesidad de usurpar tierras”. “Nuestra posición es que existe una necesidad concreta de vivienda, pero debe ser todo en el marco del derecho y no de la ley del más fuerte”, cerró.