Ambientalistas Autoconvocados piden impugnar el tratamiento del nuevo COT

La presentación del nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT) que se realizó el pasado lunes en el Teatro Ángel Alonso ha traído diversas reacciones, positivas y negativas.

Una de ellas, ha sido la de la ONG Ambientalistas Autoconvocados, que ha presentado una carta en el Concejo Deliberante para impugnar el tratamiento legislativo del proyecto “hasta tanto se cumpla con los requisitos formales y sustantivos de información pública y participación ciudadana”, indicaron en el documento al que accedió Resumen.

Días antes de la audiencia el organismo había presentado en Mesa de Entrada del Municipio el pedido de impugnación de esta, debido a las irregularidades de la convocatoria en los plazos, los modos de registro, acceso a la misma y falta de publicación previa de la información.

A pesar de la impugnación a la audiencia, ésta se realizó, por lo que la ONG ahora acudió al Concejo Deliberante. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el accionar manifiestamente ilegal del Gobierno Municipal de Pilar. Instamos a usted, que conforme sus responsabilidades y atribuciones en el Poder Legislativo, exija la rectificación de este repudiable accionar, y no proceda al tratamiento y votación del proyecto hasta tanto no se dé cumplimiento a las normas de información pública y participación”, solicita la impugnación.

“Resulta lamentable que el Gobierno Municipal de Pilar intente reeditar las mismas prácticas ilegales que condujeron a la sanción del Código de Ordenamiento Territorial del año 2018, hoy cuestionado judicialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia”, añaden.

Solicitan además que se “intime al Ejecutivo para que realice el procedimiento de participación ciudadana con pleno cumplimiento de los preceptos legales”. 

En un comunicado, la ONG aseguró que “la ley general de ambiente establece que el proceso de participación ciudadana para los planes de ordenamiento territorial debe cumplirse desde las etapas iniciales de planificación, y no como un mero trámite para convalidar un proyecto ya elaborado y terminado como es este caso”. “En estas condiciones, la participación ciudadana deviene una ficción, o en el mejor de los casos, un formalismo para dotar de una pátina de engañosa legalidad a un acto profundamente ilegal, ilegítimo y antidemocrático”, explicaron.

Por otro lado, aclararon que la organización “no ha emitido aún ningún juicio ni opinión, positiva o negativa sobre el contenido del proyecto” debido a que es “imposible analizar con una mínima seriedad y profundidad” el documento “contando apenas con un plazo de dos días hábiles”.

“El gobierno municipal aún está a tiempo de rectificar su accionar y convocar a un nuevo proceso participativo que cumpla con los preceptos legalmente establecidos, y fundamentalmente respete el carácter genuinamente democrático que deben tener las decisiones sobre el territorio como bien común”, cerraron.