Ambientalistas Autoconvocados emitió un comunicado tras información de la posible partida de Araucaria

La central Matheu III, de SCC Power (ex Araucaria Energy) ubicada en la Ruta 25 en la localidad de Villa Rosa tiene, desde enero, una habilitación provisoria que concedió el juez Adrián González Charvay.

Charvay modificó la medida cautelar vigente desde el 2017 contra la empresa, y autorizó el funcionamiento provisorio, con dos turbinas en el horario comprendido entre las 8 y las a 21. La media estará vigente hasta el 30 de junio y esta semana desde la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis aseguró que ese día se irían de Pilar.

Sin embargo, desde la Asociación Civil Ambientalistas Autoconvocados salieron al cruce de dichas declaraciones e informaron que la organización “repudia los rumores vertidos por un operador político que tergiversa el desarrollo de la causa”.

La entidad señaló que les “resultó llamativo” que fuesen publicadas entrevistas con Raúl Regis “en las que afirmó que un ‘exministro de Energía’ les habría confirmado de modo extraoficial que la empresa SC Energy (ex Araucaria) estaría buscando un sitio para relocalizar la planta termoeléctrica”.

“También aseveró que Álvaro Noguera, quien sería integrante de la empresa mencionada, les habría confirmado que la firma ‘no continuaría funcionando en Villa Rosa luego del 30 de junio’. Y agregó haber realizado ‘mediciones’ en conjunto con la empresa, de las cuales ‘algunas dieron bien pero la mayoría dieron mal’, sin dar mayores detalles del hecho, celebrando una supuesta victoria y emplazando al actual gobierno de Federico Achával como gestor de la partida de la empresa”, añadieron.

La organización destacó que Regis “no tuvo ningún rol en el expediente judicial”. “Las declaraciones afirman que él y su organización abordaron el conflicto por fuera del expediente judicial, sin aportar ninguna información a la Justicia, y lo que es más grave, interactuando directamente con la empresa en la realización de supuestas mediciones con el objeto de alcanzar determinados acuerdos por fuera del proceso judicial en curso. Ello es doblemente grave habida cuenta que el mismo entrevistado y su organización se atribuyen una supuesta participación en los logros judiciales antes mencionados, participación que nunca se verificó en la práctica”, agregaron.

“Este accionar irregular e informal en nada contribuye a lograr un desenlace adecuado en el proceso judicial que con tanto esfuerzo venimos sosteniendo, y que tiene por finalidad el cese del daño ambiental y la recomposición del pasivo generado”, plantearon.

Y cerraron diciendo: “Al igual que en el caso de APR, es de esperar que la empresa SC-Araucaria pretenda retirarse “por decisión propia” sin hacerse cargo del pasivo ambiental y el costo de remediarlo. Estas supuestas negociaciones y actividades realizadas en base a “informantes privilegiados” y fuera del escrutinio público y del proceso judicial, en nada contribuyen ni contribuirán a lograr el objetivo de justicia ambiental largamente perseguido por toda una comunidad”.