Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la vida en Pilar comenzó a desenvolverse bajo un nuevo orden marcado por la presencia militar, el control institucional y restricciones crecientes. Sin embargo, lejos de desaparecer, la violencia que había caracterizado los meses previos continuó manifestándose en distintos puntos del distrito, ahora en un contexto aún más hermético.

Durante las semanas posteriores al golpe, se consolidó la intervención en el gobierno local. Mientras se aguardaban definiciones desde la Provincia, el exintendente Daniel Ponce de León quedó al frente de la comuna, en una etapa de transición supervisada por las autoridades militares. Paralelamente, se registraron movimientos de efectivos en la ciudad, incluyendo el uso de vehículos municipales para tareas de vigilancia.

En ese mismo período comenzaron a hacerse visibles las primeras medidas de control sobre la prensa. Los responsables de los medios fueron notificados de la prohibición de publicar solicitadas de carácter político, una disposición que marcó el inicio de un esquema de censura que condicionaría la circulación de información en los años siguientes.

En paralelo, continuaron registrándose hechos de extrema gravedad. A comienzos de abril, en Villa Rosa, fueron hallados cuatro cadáveres completamente calcinados en un camino de tierra cercano a la ruta que une Pilar con Escobar. Según las primeras observaciones, las víctimas -tres hombres y una mujer- presentaban impactos de bala y habrían tenido sus cabezas cubiertas antes de ser quemadas.

Días antes, en Fátima, había sido encontrado el cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego en la zona frontal. El hallazgo se produjo a pocos metros de la estación ferroviaria, en una escena que se sumaba a una serie de episodios similares registrados en el distrito.

Los casos no se detuvieron allí. A fines de abril, otros dos cuerpos aparecieron quemados en el Acceso Norte, mientras que en los primeros días de mayo se registraron nuevos hallazgos en las inmediaciones del arroyo Pinazo y en la Ruta 26, en jurisdicción de Tortuguitas. En este último caso, la víctima presentaba múltiples impactos de bala en el cuello.

La reiteración de estos hechos, muchas veces con características similares -cuerpos baleados, calcinados o abandonados en zonas descampadas-, daba cuenta de una continuidad de la violencia, aunque en un contexto en el que la información disponible era cada vez más limitada.

A esto se sumaban procedimientos policiales y militares que, en algunos casos, también derivaban en situaciones de tensión. En septiembre de 1976, un operativo en la fábrica Casco, en Fátima, terminó con un trabajador herido de bala luego de que un grupo de operarios intentara impedir la detención de un compañero.

El control también alcanzó el ámbito cultural y comercial. En octubre de ese año, efectivos militares realizaron requisas en locales de venta de diarios, revistas y libros, incautando ejemplares y trasladando a sus responsables a la comisaría para su identificación. Si bien posteriormente fueron liberados, el episodio reflejó el alcance de los mecanismos de supervisión en la vida cotidiana.

Incluso situaciones consideradas menores no escapaban a este clima. La identificación de vecinos por parte de personal militar, aun sin derivar en detenciones, formaba parte de procedimientos que se volvieron habituales en espacios públicos.

Así, a lo largo de 1976, Pilar transitó un escenario complejo en el que el orden impuesto por el nuevo régimen convivía con la persistencia de hechos violentos y un progresivo endurecimiento de los controles. Las crónicas de la época, aunque limitadas por las restricciones vigentes, permiten reconstruir una realidad atravesada por el temor, la incertidumbre y la transformación profunda de la vida institucional y social.