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Sica afirmó que acatará el fallo que suspende pago de planes por “electoralistas”

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El ministro de Producción y Empleo aseguró que los abogados están analizando el dictamen. La jueza María Servini prohibió la entrega hasta después de las elecciones generales.

El ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, aseguró este viernes que el Gobierno acatará el fallo que suspende temporalmente el pago de un bono de 5 mil pesos a desocupados, para evitar que se confunda con una medida “electoralista”.

El funcionario nacional aseguró que los abogados del Estado “están mirando ahora lo que dictó la jueza”, y afirmó que “si dice que tenemos que temporalmente suspender el pago, lo haremos”.

No obstante, indicó que se darán “todos los requerimientos de información y legales que nos soliciten y en la medida que esa medida sea levantada seguiremos adelante con el programa, como con todos los que tenemos en el ministerio y en el Desarrollo Social”.

“Si la jueza interpone una demanda suspendiendo los pagos lo haremos hasta que podamos darle toda la información disponible para que entienda que no es un programa que está atado al tema electoral sino que ya venía llevando adelante”, precisó.

Sica aseguró que el programa asiste a desempleados “desde hace años” pero que tras la aprobación de la Ley de Emergencia Alimentaria se había conseguido una reasignación de partidas.

“Tenemos un programa que cubre el desempleo desde hace años, lo que se hizo este último mes fue, a partir de la votación de la emergencia alimentaria, una reasignación de partidas” que incluyeron a ese programa, dijo el ministro en conferencia de prensa tras su participación en el Coloquio de IDEA.

En el caso de no poder revertir la decisión judicial Sica bregó por poder retomar los pagos “antes del inicio del mes de noviembre para que todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo y estaban siendo beneficiados de este programa lo puedan cobrar”.

La prohibición

La jueza federal con competencia electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria de Empleo de la Nación disponer fondos en concepto de susbidios a desocupados hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.

La medida cautelar, dirigida al ministro Sica y al secretario Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron infracción al artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien compeliera a un elector a votar de manera determinada.

Si la jueza interpone una demanda suspendiendo los pagos lo haremos hasta que podamos darle toda la información disponible”

Los apoderados habían reclamado la medida provisoria “urgente” para que se ordene a la cartera abstenerse de disponer de fondos para el pago de subsidios creados por la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, “o cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores” en los comicios del próximo 27 de octubre”.
La resolución, firmada el 3 de octubre, y “no publicada en el Boletín Oficial”, consiste en un “plan social” para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos por “única vez” para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.

Los denunciantes destacaron que se trata de un presupuesto de 570.000.000 de pesos, con más de la cuarta parte destinada al municipio bonaerense de Lomas de Zamora, y que serían canalizados por comunas y dirigentes locales afines al presidente Mauricio Macri, tiene como “objeto oculto” condicionar a quienes resulten beneficiarios del subsidio.

“No se trataría de una medida de orden general, sino de una herramienta para los actuales funcionarios que quieran presentarse a una reelección, para cambiar el voto de las personas necesitadas de esta clase a ayuda social”, acotaron los apoderados del Frente de Todos, que aportaron como prueba un artículo periodístico del diario Ámbito Financiero.

Para dictar la medida cautelar, la jueza ponderó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien opinó que a las agrupaciones de la contienda electoral deben serle garantizadas, mediante métodos de transparencia e igualdad, que el Estado Nacional no utilizará su andamiaje para obtener beneficios en contra de la participación de todas las fuerzas.

El fiscal opinó además que luego del 27 de octubre, el Gobierno podrá permitir que los subsidios se entreguen luego agotando la partida presupuestaria, siempre en el entendimiento que ha dejado de existir disparidad entre las fuerzas que participen de la elección.

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