Por Diego Fontana

Perito liquidador de siniestros y averías

Recientemente se conoció la noticia del conductor alcoholizado que el 19 de noviembre de 2017 piloteaba su vehículo con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre (cuatro veces más de lo permitido) y en evidente estado de ebriedad, colisionó y mató a Erika Perezlindo y pese a haberse dado a la fuga, finalmente no irá preso; es que para los educadores viales no puede causarnos otra sensación que vergüenza y repudio, saber esta injusta decisión, dado a las leyes laxas de nuestro país y la falta de políticas públicas concretas, que así lo permiten.

Demostrado técnica y científicamente que las capacidades de reacción, visión y concentración se ven seriamente afectadas por el consumo de alcohol, y pese a ello los fallos judiciales parecen hacer caso omiso a estas tajantes premisas.

No es nuevo que “conductores asesinos” no son castigados con el rigor de la ley, o como en otros países (inclusive vecinos) donde el solo hecho de ser descubierto conduciendo alcoholizado (sin la necesidad de haber causado daños, ni lesiones) dictaminará la inmediata prisión para el conductor, nos hace nuevamente re-pensar en que no estamos formando leyes viales acorde a la realidad, en donde la tasa de mortalidad vial está en continuo ascenso.

Sentimos una tristeza enorme, pero más que tristeza por los familiares, por los propios gobernantes que no son capaces de garantizar los derechos de ni siquiera estos destrozados familiares, de una injusta víctima vial.

Recordemos y promulguemos que si se puede evitar, No es un accidente.

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