Urbanización y medio ambiente

Señor Director:

Vivo en Manzanares, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Soy uno más de los que han abandonado la Capital Federal y se han venido a vivir en el tercer cordón de la gran ciudad en busca de una mejor calidad de vida en contacto con la naturaleza. Manzanares es un caso especial porque, si bien tiene algunos barrios cerrados, todavía conserva el paisaje rural, limitando con el campo. Sin embargo, siendo Pilar uno de los partidos donde más ha crecido la población, pasando de 299.077 habitantes según el censo de 2010 a 395.072 en el 2022 (con un crecimiento del 32%), las cosas están cambiando rápidamente. Y lo que se está produciendo actualmente, por decisiones políticas equivocadas, es que tal vez en aras de obtener más recursos, se ha modificado el Código de Ordenamiento Territorial apuntando más a favorecer los negocios inmobiliarios que al debido cuidado del Medio Ambiente y la salud de la gente.

El desarrollo urbano y el crecimiento poblacional son algo muy bueno para cualquier partido del conurbano porque, generalmente, traen aparejado el crecimiento del producto bruto interno, máxime en el caso de Pilar, donde también se encuentra ubicado el parque industrial más grande de Argentina y, tal vez, de Sudamérica. Dicho crecimiento genera más trabajo y el trabajo dignifica a las personas. Pero esto no quiere decir que el Estado no deba velar para evitar que el crecimiento acelerado repercuta negativamente en el medio ambiente y en la salud de la población. En este sentido, son muchos los temas a tener en cuenta a la hora de medir el impacto ambiental que pueden tener los desarrollos inmobiliarios que representan nuevas urbanizaciones, tanto a nivel hidráulico, como visual, sonoro, de generación de polución, de extracción de aguas de los acuíferos, de tratamiento y vuelco de efluentes, de consumo de energía, incremento del tránsito, afectación de la fauna y la flora, etc…

Si a esto le sumamos que el cambio climático está produciendo mayor volatilidad en los fenómenos extremos climatológicos, los estudios de impacto ambiental y las proyecciones futuras son de vital importancia, respetando en todos los casos los humedales existentes y teniendo en cuenta las capacidades de absorción del suelo de las intensas lluvias, sobre todo, en la zona que nos ocupa que es parte de la cuenca del Río Luján, por lo que necesariamente debe darse aviso al Comité de la Cuenca del Río Luján (COMILU).

Esta claro que la relación entre los procesos de urbanización y el medio ambiente, deben tender a un equilibrio entre los beneficios económicos de los proyectos inmobiliarios y la no afectación de las características del vecindario ni su estilo de vida, a fin de evitar problemas sociales de diverso tipo que puedan generarse en la población existente como consecuencia de la instalación de nuevos desarrollos. De allí que la participación ciudadana a la hora de recoger opiniones y consensos para los nuevos emprendimientos es una necesidad básica de nuestros tiempos y de las legislaciones modernas, no siempre cumplimentados en forma correcta por los municipios. En tal sentido, la adhesión de la República Argentina al Acuerdo de Escazu, ratificado por nuestro país en 2021, facilitan junto a las leyes existentes a nivel nacional y provincial el acceso a la información pública, que las autoridades deben encargarse de suministrar.

En el caso que nos ocupa del partido de Pilar, los recientes Códigos de Ordenamiento Territorial sancionados (tanto el de 2008 como el de 2023), no se han realizado con los estudios de impacto ambiental y de participación ciudadana adecuados para cada una de las parcelas en las que se ha modificado las características y zonificación de las mismas, sino que han sido cambios con justificaciones más bien políticas. En el primer caso, durante la gestión anterior del municipio, se dice que bajo la excusa de evitar en el futuro las aprobaciones de casos de excepción, se han salteado los estudios necesarios para justificar cambios inexplicables, como en la zona de Manzanares; y, en el segundo caso, durante la actual gestión, bajo premisas ideológicas se ha avanzado en el aumento de zonas que precedentemente eran de baja densidad poblacional a las de mediana o alta densidad, con la convocatoria a una audiencia pública sumamente cuestionada por su falta de difusión y de participación ciudadana.

Para terminar, la complejidad entre el avance de la urbanización y la defensa del medio ambiente, es tal, que el peso de la balanza debiera estar puesto más en los derechos de los ciudadanos y no tanto en la “avidez” económica de los desarrolladores de los proyectos o en el afán recaudatorio o político de los municipios, estos últimos medidos en términos de impuestos a cobrar o cantidad de votantes a incorporar.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos a la hora de defendernos, si las autoridades no atienden nuestros reclamos y el defensor del pueblo del municipio brilla por su ausencia? Pues el camino es simple, apoyarnos en las ONG ambientalistas y recurrir a la Justicia a través de especialistas en Derecho Ambiental.

Jesús María Silveyra

Escritor, Licenciado en Administración y ex Subsecretario de Mercados Agropecuarios