El Gobierno nacional resolvió establecer un límite a los incrementos en la tarifa de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 distritos del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.

Según lo que difundió la Agencia DIB, La disposición entrará en vigencia a partir del próximo mes y se mantendrá hasta agosto. Según determinó el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el ajuste tarifario no podrá superar el cuatro por ciento mensual entre enero y abril de 2026, mientras que entre mayo y agosto el límite máximo será del tres por ciento por mes, siempre y cuando el mecanismo oficial de actualización arroje porcentajes menores.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 14/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, y modifica lo establecido previamente en la Resolución N° 53/25.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión fue tomada luego de un proceso de análisis que incluyó informes económicos y financieros presentados por AySA, concesionaria principal del servicio. Además, el contexto inflacionario registrado durante los últimos meses fue uno de los factores considerados al momento de definir los nuevos topes.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener el funcionamiento económico de la empresa sin trasladar aumentos bruscos a los usuarios. Para eso, el esquema de actualización seguirá basado en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, aunque ahora con límites establecidos por el organismo regulador.

A su vez, AySA deberá presentar reportes trimestrales durante todo 2026 para que el ERAS supervise el cumplimiento del nuevo esquema tarifario.

El sistema de actualización mensual había comenzado a aplicarse en 2024 con el objetivo de sostener el equilibrio financiero de la compañía sin asistencia del Tesoro Nacional. Sin embargo, ante el impacto económico de los últimos años, el Gobierno ya había intervenido anteriormente para moderar las subas, primero fijando un techo del 1 por ciento mensual y luego avanzando con un esquema progresivo.

En paralelo, en noviembre del año pasado el Ejecutivo nacional también aprobó el texto ordenado del marco regulatorio de AySA, una medida que fue interpretada como un nuevo avance dentro del proceso de privatización de la empresa.