El proyecto consta de 100 artículos y sería tratado en febrero. El abogado penalista afirma que se trata de “un bomba de humo” para desviar la atención de la crisis económica.

 

Entre los temas que se han instalado a principios de 2019, la baja de la edad de la imputabilidad es uno de los que más controversia generó ya que muchos lo consideran una forma del gobierno de desviar la opinión pública.

El proyecto estipula la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene más de 100 artículos. Roberto Damboriana, abogado penalista, dio su opinión respecto del proyecto que busca ser tratado en las sesiones extraordinarias de febrero.

“Bajar la edad de imputabilidad solamente no es posible, tenemos que ver cómo es el trato hacia los menores que delinquen. Si a los mayores pretendemos darles derechos para que sean resocializados, a los menores también. En este momento, el estado tutelar no cumple con esa función”, dijo Damboriana en diálogo con Diario Resumen.

Asimismo, declaró que los menores que delinquen muchas veces “son utilizados por grupos criminales” porque éstos conocen el estado de inimputabilidad de los adolescentes previo a los 16 años.

“Bajar la edad de imputabilidad, no basta. El proyecto debe ser completo, creo que sacarlo como ley especial no cumple. Hay que reformar el Código Penal, porque debe haber un contexto. Ya hemos tenido experiencia que las pequeñas o grandes modificaciones no sirven, hay que realizar una reforma en todo en su conjunto”, agregó el letrado.

Asimismo, el Dr. Damboriana se sumó a la opinión que dio a este medio el letrado Tomás Pérez Bodria, quien afirmó que tratar la temática en esta época era “una cortina de humo”.

“Yo creo que son bombas de humo en este momento, por eso hablo de una reforma integral. Es una bomba de humo para tapar temas que son más importantes en la actualidad, como la inflación, el grave problema económico con subas desmedidas. Eso se está ocultando con la baja de la imputabilidad”, aseveró el letrado.

Respecto de la cantidad de delitos que llegan a cometer los adolescentes, confirmó que no se trata de un número elevado: “nunca fueron subjetivos, los menores que delinquen no son un porcentaje alto. Sí son porcentaje alto los extranjeros que delinquen, que están cerca del 20 por ciento”.

Sobre su opinión de si el proyecto prosperará, Roberto Damboriana fue tajante al admitir que desde su punto de vista, esto no sería viable. “No creo que pase de Diputados, esa es la realidad. No creo que tenga consenso para que surja de ambas cámaras, no veo que haya posibilidades de que las cámaras aprueben esta reforma porque hay mucha división en el pensamiento de la edad de imputabilidad y de las reformas que deberían hacerse”, cerró Roberto Damboriana.

 

Un tema recurrente

 

La medida intentó ser llevada a cabo en diversas ocasiones, incluso en 2009 el Senado de la Nación había sancionado una ley de Régimen Penal Juvenil que llevaba la edad mínima para imputación por delitos a 14 años. Sin embargo, no obtuvo otra media sanción en Diputados por diferencias en el Frente Para la Victoria.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, había expuesto en 2008 que era necesaria la baja de edad para los delitos graves e incluso comparó a la Argentina con Uruguay, Ecuador, México, Paraguay y Brasil en donde las edades van de los 12 a los 14 años. En 2013, el tema resurgió en plena campaña electoral, pero no llegó a buen puerto.

A principios de 2017 el tema se instaló nuevamente por parte del Ministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, en medio de un contexto social que se encontraba convulsionado por un crimen reciente, en vísperas de las fiestas.

El caso fue el homicidio de Brian Fernando Aguinaco, un adolescente de 14 años que fue asesinado por Brian Joel, de 15 años el 24 de diciembre de 2016. Allí, la baja que se analizaba era de 16 a 14 años, pero nuevamente, la medida no prosperó.

A dos años, Cambiemos renueva el debate por bajar la imputabilidad y por la creación del Régimen Penal Juvenil, una medida que todos estiman es una “deuda” de la democracia pero, desde la oposición del Congreso afirman que rechazarán nuevamente la medida.

 

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