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Entre enero y noviembre de este año se vandalizaron cerca de 312 establecimientos educativos. La Provincia deberá invertir más de 202 millones de pesos para arreglos.
A un mes para que termine el año, ya son más del doble los hechos de vandalismo en escuelas bonaerenses en relación a los registrados durante 2018, y la reparación de las instalaciones dañadas costará en total unos 202 millones de pesos.
El 5 de noviembre desconocidos ingresaron a la Escuela Primaria N° 38 de Saladillo y tras provocar varios daños se llevaron un monitor; el 11, fue incendiada la Escuela Nº 5 de Tres Arroyos; algunos días después, tres colegios de Suipacha registraron destrozos; y esta semana se vio afectada por extraños la Nº 27 de La Plata.
Los casos de vandalismo vienen en crecimiento. Según le indicaron a DIB fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación, alcanzaron los 312 hechos entre enero y noviembre de 2019 y, por los destrozos, la Provincia deberá invertir más de 202 millones de pesos.
El número ya es más del doble del de 2018, cuando hubo unas 131 escuelas vandalizadas y el Gobierno tuvo que ejecutar unos 105 millones de pesos en reparaciones.
En este marco, desde la cartera educativa señalaron que la situación genera “preocupación” y explicaron que en estos casos se realiza la denuncia correspondiente para que sea la Justicia quien investigue. Por otro lado, desde las escuelas se trabaja en la concientización de la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar los establecimientos.
Proyecto de ley con penas para padres
En marzo de este año, el gobierno de María Eugenia Vidal presentó en la Legislatura un proyecto de ley para incorporar sanciones contra padres y tutores por hechos vandálicos en las escuelas.
La iniciativa busca incluir dos artículos al Código de Faltas provincial. En uno de ellos, propone sanciones de 5 a 30 días de cárcel o una multa de entre el 50 por ciento y 100 por ciento del sueldo de un oficial subayudante de la Policía bonaerense a las personas que “coloquen, introduzcan o arrojen sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones” en las escuelas o en sus inmediaciones.
El proyecto también contempla de 2 a 10 días de trabajos de utilidad pública para aquellos casos en que los contraventores no cuenten con condenas previas y cuando la gravedad del caso no amerite arrestos o multas.
En tanto, la reforma del Código prevé que cuando los autores sean menores de edad, sus padres o tutores podrían ser castigados con un arresto de 1 a 5 días o con una multa del 30 por ciento al 60 por ciento de los haberes de un oficial subayudante. Si hay reincidencia por parte del chico, el la pena se duplicaría, pudiendo además “imponérseles el cumplimiento de una terapia familiar”.
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