La reducción de frecuencias en las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema de transporte público, en medio de un conflicto que combina problemas estructurales con tensiones coyunturales. En los últimos días, miles de usuarios se vieron afectados por la menor cantidad de unidades en circulación, en un escenario marcado por reclamos empresariales, advertencias sindicales y respuestas oficiales que no logran destrabar la crisis.

El detonante inmediato fue el fuerte aumento del gasoil, que en las últimas semanas registró subas cercanas al 20% como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. Desde el sector empresario sostienen que este incremento alteró de manera decisiva la ecuación económica del transporte, ya deteriorada desde hace años, y volvió inviable sostener el nivel de servicio sin una actualización de los subsidios.

Según explicó Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la crisis no es nueva. Hace cuatro años, el sistema contaba con unos 18.000 colectivos en circulación en el AMBA, cifra que había descendido a 15.000 en los últimos tiempos. En el punto más crítico de los últimos días, el número cayó a 12.000 unidades, generando un fuerte impacto en los pasajeros. Actualmente, mientras continúan las negociaciones, el sistema opera con unas 14.000 unidades, todavía lejos de los niveles habituales.

En un comunicado, las cámaras empresarias calificaron la situación como de "extrema gravedad financiera" y aclararon que la reducción del servicio no responde a medidas gremiales, sino a una "racionalización técnica" ante la imposibilidad de cubrir los costos operativos. El principal problema radica en la brecha entre el precio real del combustible y el valor reconocido por el esquema oficial: mientras las empresas pagan entre $2.100 y $2.444 por litro de gasoil, la estructura de costos vigente contempla apenas $1.750.

En ese marco, los empresarios insisten en que la única salida de fondo es el reconocimiento de los costos reales para garantizar la prestación del servicio. Sin embargo, pese a una reciente baja del precio internacional del petróleo y al congelamiento temporal dispuesto por algunas petroleras, el deterioro acumulado sigue siendo significativo.

El jueves se desarrolló una reunión entre las cámaras del transporte y el Gobierno nacional, que permitió reconocer la gravedad de la situación, pero no arrojó soluciones inmediatas. Como resultado, se acordó la creación de una mesa de trabajo conjunta para analizar una eventual reestructuración del sistema, aunque desde el sector aclararon que este ámbito no resolverá los problemas urgentes.

En paralelo, las empresas confirmaron que recibirán el primer pago de subsidios correspondiente a abril por parte de la provincia de Buenos Aires, lo que permitirá avanzar en la cancelación de salarios adeudados. No obstante, remarcaron que este alivio es apenas transitorio y no resuelve el problema de fondo.

La crisis también impactó en el frente sindical. La Unión Tranviarios Automotor había advertido sobre posibles medidas de fuerza ante demoras en el pago de salarios, señalando que en varias empresas no se abonaron completamente los haberes de marzo.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, sostienen que los subsidios fueron girados en tiempo y forma, aunque admiten que el cronograma pudo verse afectado por los feriados recientes. Además, indicaron que se detectó una menor cantidad de unidades en circulación, lo que alimenta las tensiones con el sector empresario.

El trasfondo del conflicto expone un problema estructural: la dificultad para sostener el sistema sin redefinir su esquema de financiamiento. La disyuntiva es compleja y políticamente sensible: aumentar las tarifas o incrementar los subsidios estatales. Ambas opciones presentan límites en un contexto económico delicado.

En este escenario, la negociación continuará en el ámbito bonaerense, donde los empresarios se reunirán con el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci. El funcionario ya anticipó que será necesario revisar el esquema vigente: "Hay que mover alguna de las variables: o tarifa o aportes del Estado", afirmó, al tiempo que advirtió que la Provincia ya alcanzó un techo en su capacidad de financiamiento.

Mientras tanto, los usuarios del AMBA continúan padeciendo las consecuencias de un sistema en crisis, con mayores tiempos de espera, incertidumbre y un servicio que, por ahora, está lejos de recuperar su normalidad.