El gobierno bonaerense recurrirá la inconstitucionalidad de 60 artículos del estatuto del empleado municipal, mientras que un sector del oficialismo intentará que el conflicto se dirima individualmente en cada distrito.
El gobierno provincial apelará el fallo de la Corte bonaerense que declaró inconstitucionales 60 artículos del estatuto del empleado municipal, mientras que en la Legislatura un sector del oficialismo impulsa que sean los intendentes quienes regulen las relaciones con sus empleados, y el Ejecutivo analiza presentar un proyecto propio.
En un escenario altamente volátil, la única certeza en torno a la discutida ley 11.757 es que la Provincia presentará, a través de la Asesoría General de Gobierno, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación para que revise el fallo del tribunal bonaerense, que consideró que 60 artículos del estatuto violaban el principio de autonomía municipal.
Según indicaron fuentes del Ejecutivo, la presentación será realizada en las próximas horas, y se espera que el recurso sea aceptado con efecto “suspensivo”: es decir, que se posterguen los alcances del fallo de la Corte bonaerense hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Esta estrategia coincide con el reclamo de los intendentes, quienes a través de sus diputados vienen pidiendo que se aplace el debate por la nueva ley, y rechazan el establecimiento de las negociaciones paritarias.
En ese sentido, un resultado favorable ante la Corte nacional le daría más “aire” a las discusiones, ya que la 11.757 continuaría en plena vigencia. Sin embargo, los sindicatos municipales presionan para que la iniciativa se apruebe antes del 24 de septiembre, tal fue el compromiso expresado por el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, ante representantes gremiales.
En ese escenario, los sectores en pugna avanzan en una alternativa consensuada que, según aseguran, podría dejar a todos conformes. En primer lugar se establecerían paritarias provinciales “no vinculantes”, a través de un Consejo de Empleo Municipal presidido por el ministro de Trabajo e integrado por intendentes y representantes gremiales, que se reunirá semestralmente para establecer una serie de lineamientos “optativos” para los distritos.
En tanto, también se acordó incorporar a la modificada ley 11.757 un capítulo “supletorio” que regule las relaciones laborales entre los empleados y las comunas, tales como los modos de contratación, permanencia, antigüedad y despidos, hasta que los municipios establezcan, por ordenanza, un marco normativo que lo reemplace.
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