El gobierno de Axel Kicillof salió al cruce de Javier Milei luego de los anuncios del Presidente en torno a la cuestión Malvinas. El encargado de expresar la posición bonaerense fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien cuestionó el momento en que la administración nacional decidió avanzar contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte.

A través de sus redes sociales, Bianco calificó a Milei como "fan de Thatcher" y "oportunista", al señalar que el Gobierno nacional demoró 267 días en adoptar medidas frente al proyecto de explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es disputada entre Argentina y el Reino Unido. El mensaje fue posteriormente reposteado por Kicillof.

El planteo de la administración bonaerense toma como punto de partida el 10 de diciembre de 2025, fecha en la que Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión para avanzar con la explotación de Sea Lion.

Desde ese momento, según recordó Bianco, el Gobierno de Kicillof manifestó su rechazo al proyecto y sostuvo que se trata de una actividad ilegítima debido a que se desarrolla sin autorización argentina en un área sometida a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

"267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista", afirmó el funcionario bonaerense, en referencia al tiempo transcurrido entre el anuncio de las compañías y las medidas anunciadas por la administración nacional.

Bianco sostuvo que durante ese período el proyecto "avanzó sin obstáculos", con una inversión prevista de aproximadamente US$1.800 millones, financiamiento cerrado, obras iniciadas en las islas y la preparación del buque destinado a las tareas de producción.

En su cuestionamiento, el ministro también puso el foco en la legislación argentina que regula las actividades hidrocarburíferas vinculadas con la plataforma continental.

En particular, recordó las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas y personas que participen, financien o presten servicios vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por las autoridades argentinas en la plataforma continental.

De acuerdo con el planteo de Bianco, esas herramientas podrían haber sido utilizadas con anterioridad para afectar los intereses económicos relacionados con el desarrollo de Sea Lion.

"En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel", cuestionó el funcionario, al tiempo que reclamó una política más activa frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área.

Una estrategia más amplia para el Atlántico Sur

La posición del gobierno bonaerense no se limita al proyecto Sea Lion, sino que plantea una estrategia integral para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Desde la Provincia sostienen que la política frente a la cuestión Malvinas debería combinar herramientas legales, políticas, diplomáticas y económicas, con el objetivo de anticiparse a los avances vinculados con la explotación de recursos naturales.

En ese sentido, la propuesta apunta a utilizar las facultades del Estado argentino para elevar los costos de aquellas actividades que considera ilegales y evitar que los proyectos vinculados con los recursos naturales avancen sin una respuesta oficial.

El planteo también proyecta una eventual modificación de la política nacional a partir de diciembre de 2027, con una estrategia orientada a alterar el actual statu quo en torno a la disputa de soberanía.

Entre los objetivos señalados aparecen el debilitamiento del entramado económico y comercial que sostiene la presencia británica en las islas y un incremento de la presión bilateral, regional e internacional sobre el Reino Unido para reclamar el cumplimiento de las normas del derecho internacional.

De esta manera, la administración de Kicillof volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada en torno a la política sobre Malvinas y el Atlántico Sur, utilizando el caso Sea Lion como eje de un reclamo más amplio por una política de soberanía que, según sostiene la Provincia, debería ser sostenida mediante acciones concretas y no solamente a través de declaraciones.