El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en el proceso de incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a la gestión estatal. Mediante un decreto, aprobó el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, una normativa que establece las reglas para el desarrollo, implementación y utilización de sistemas basados en esta tecnología en todos los organismos de la administración bonaerense.

La iniciativa busca consolidar una estrategia integral para aprovechar el potencial de la IA en la gestión pública, promoviendo una mayor eficiencia administrativa, mejores servicios para la ciudadanía y una utilización responsable de estas herramientas, con especial énfasis en la protección de derechos, la transparencia y la supervisión humana.

El decreto designa al Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, como autoridad de aplicación del nuevo régimen. Además, crea un Registro de Inteligencia Artificial de carácter obligatorio, en el que deberán inscribirse todos los sistemas que utilicen o desarrollen los organismos provinciales.

La decisión representa un nuevo avance en una política que comenzó a delinearse a fines de 2025, cuando la Provincia estableció los primeros lineamientos para garantizar un uso "razonable y confiable" de la inteligencia artificial y resguardar los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía frente a estas tecnologías emergentes.

El nuevo marco será obligatorio para toda la administración pública provincial, incluyendo ministerios, organismos descentralizados y entidades autárquicas. Al mismo tiempo, el Gobierno invitó a los municipios bonaerenses a adherir de manera voluntaria a los principios y lineamientos establecidos en la normativa.

El objetivo es generar criterios comunes para la incorporación de la IA en las distintas áreas del Estado, evitando desarrollos aislados o sin controles adecuados.

La reglamentación establece que cualquier proyecto vinculado con inteligencia artificial -ya sea un desarrollo propio, una contratación externa, la implementación de un sistema existente o su renovación- deberá contar previamente con la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital. Este requisito será obligatorio incluso cuando los proyectos sean financiados con recursos provenientes de organismos nacionales o internacionales.

De esta manera, la Provincia centraliza el control y la evaluación de las soluciones tecnológicas para garantizar que cumplan con estándares comunes de funcionamiento, seguridad y respeto por los derechos de las personas.

Principios rectores

Uno de los aspectos centrales del nuevo marco es la definición de una serie de principios que deberán respetar todos los sistemas de inteligencia artificial utilizados por el Estado provincial.

Entre ellos figuran la protección de los derechos fundamentales de las personas, la necesidad de mantener supervisión humana en las decisiones relevantes, la transparencia y trazabilidad de los algoritmos, la seguridad de la información, la protección de los datos personales, la prevención de cualquier forma de discriminación y el fortalecimiento de la interoperabilidad entre los distintos organismos públicos.

También se incorpora el principio de rendición de cuentas, mediante el cual cada organismo deberá poder explicar el funcionamiento y el impacto de las herramientas de inteligencia artificial que utilice.

La normativa busca que estas tecnologías sean utilizadas como herramientas de apoyo para mejorar la gestión pública y no como mecanismos que sustituyan completamente el criterio humano en decisiones que puedan afectar derechos o intereses de los ciudadanos.

Como parte del esquema de gobernanza, el decreto crea un Registro Provincial de Inteligencia Artificial.

En ese registro, cada organismo deberá informar qué sistemas utiliza o desarrolla, cuál es su estado de implementación, las modificaciones que se introduzcan y toda otra información relevante que permita realizar un seguimiento permanente de estas tecnologías dentro del Estado.

El objetivo es contar con un mapa actualizado de todas las soluciones de inteligencia artificial empleadas por la administración pública provincial, favoreciendo el control, la transparencia y la coordinación entre las distintas dependencias.

Evaluación de riesgos

La Subsecretaría de Gobierno Digital también tendrá amplias facultades para homologar las soluciones tecnológicas, elaborar protocolos de uso, fijar estándares técnicos y desarrollar mecanismos de evaluación de riesgos.

Entre los aspectos que deberán analizarse antes y durante la implementación de un sistema de IA figuran el posible impacto sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la existencia de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales derivadas de su utilización, la necesidad de mantener supervisión humana y hasta el impacto ambiental que pueda generar el funcionamiento de estas tecnologías.

Además, el decreto prevé la creación de un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas, universidades y representantes de distintos sectores, que tendrá funciones consultivas para elaborar recomendaciones, analizar riesgos, promover buenas prácticas y emitir informes sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público.

Con este nuevo marco regulatorio, la Provincia busca ordenar el crecimiento del uso de la Inteligencia Artificial dentro del Estado, promoviendo la innovación tecnológica sin descuidar los principios de transparencia, responsabilidad y protección de los derechos de la ciudadanía.