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El Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón rechazó el pedido de libertad condicional del padre Julio César Grassi (68), condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil. La sentencia del sacerdote termina en mayo de 2028. Grassi había asegurado que tiene “contención familiar y económica” y afirmó que estaba preparado para la reinserción, pero los jueces impugnaron su pedido “de conformidad con lo normado por leyes nacionales y provinciales” y “la Convención sobre los Derechos del Niño”. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 2 de septiembre.
“Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, había asegurado Grassi, que se representó a sí mismo ya que se recibió de abogado en la cárcel, a los jueces. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo para acceder al beneficio de la libertad condicional”, destacó este jueves por la mañana antes de conocerse el fallo del tribunal, integrado por los jueces Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade.
Luego de un cuarto intermedio, la magistrada Maldonado anunció a las 13.30 que el tribunal resolvió por unanimidad “en primer término, no hacer lugar a la nulidad del dictamen del departamento técnico criminológico planteado por Julio César Grassi y, en segundo término, denegar la libertad condicional a Julio César Grassi de conformidad con lo normado por la ley nacional y provincial de víctimas, leyes procesales, provinciales, normas concordantes y coincidentes del Código Penal, con especial mirada y ponderación de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
La jueza comentó luego que los fundamentos de la decisión judicial “se van a dar a conocer el próximo lunes 2 de septiembre”.
Desde la cárcel de Campana, donde está alojado, el sacerdote habló por Zoom ante los integrantes de la audiencia. Lo escuchaba el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), quien estaba en desacuerdo a la salida en libertad. En la misma tesitura se ubica el particular damnificado Sergio Piri, en representación de la víctima conocida como Gabriel.
“Mi postura es la de oponerme al pedido por el daño que esto le podría producir a las víctimas. Grassi no acepta haber cometido los delitos, no acepta hacer ningún tipo de tratamiento psicológico. El hermano es quien propone el lugar donde va a vivir, pero él también niega los hechos. Por todos esos elementos rechazamos el pedido: por su perfil no está en condiciones de ser externado”, aseguró Gallego.
La condena a 15 años de prisión del cura se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos fueron cometidos en 1996 y 1997 en la Fundación Felices Los Niños, dirigida por Grassi y ubicada en William Morris, partido de Hurlingham.
En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena.
La pena se fijó hasta agosto de 2026 por la aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”. Pero la Cámara de Apelaciones de Morón declaró la inaplicabilidad de ese beneficio en julio del año pasado y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la detención del cura en 2013.
Así las cosas, el padre Grassi ejerció este jueves su propia defensa para argumentar sus razones respecto del pedido que le dirigió al presidente del tribunal con el fin de que “dicte resolución concediendo mi libertad condicional a la cual me asiste derecho a partir del día 24 de mayo de 2023″.
Para fundamentar su petición, Grassi citó casos concretos de orden internacional donde hubo presos por “error judicial que pueden llevar a una persona a la cárcel”. También dijo que el informe psicológico que se le realizó en este incidente “no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos -de abuso- están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores. No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado”.
El Código Penal, en su artículo 13, establece que los condenados a prisión por más de tres años con dos tercios de la pena cumplida “podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento -penitenciario- e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”. Ese cuerpo legal también aclara que este beneficio no se aplica para los delitos contra la integridad sexual.
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