La Justicia bonaerense dispuso suspender el avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las principales empresas públicas incluidas en el plan de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El fallo ordena paralizar el proceso de venta de activos de la compañía hasta que se realice una evaluación integral de los impactos ambientales, sanitarios e institucionales que podría generar la transferencia al sector privado.

Además, la resolución establece que AySA deberá mantener sin modificaciones sus obligaciones de prestación, inversión, mantenimiento e infraestructura en los 26 municipios bonaerenses donde actualmente brinda servicios de agua potable y saneamiento.

La presentación de la Defensoría

La acción judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que había advertido sobre posibles consecuencias derivadas del esquema de privatización diseñado por el Gobierno nacional.

Según el organismo, el proceso no contemplaba de manera suficiente aspectos vinculados con la expansión de redes, la continuidad de obras de saneamiento, el mantenimiento de la infraestructura, la remediación ambiental y la garantía de acceso a un servicio considerado esencial.

La presentación sostuvo además que existía el riesgo de una flexibilización de las exigencias regulatorias y de una eventual postergación de inversiones estratégicas para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, la Defensoría cuestionó que el pliego licitatorio no incorporara adecuadamente los pasivos ambientales existentes ni contemplara mecanismos específicos para su tratamiento y remediación.

Al analizar el planteo, el juez López consideró que existían elementos suficientes para evaluar los posibles efectos de la privatización sobre derechos colectivos vinculados al acceso al agua y a la protección ambiental.

En la resolución, el magistrado señaló que el nuevo esquema impulsado para AySA no fortalecía las garantías relacionadas con la cobertura sanitaria universal ni incorporaba mayores mecanismos de prevención y recomposición ambiental.

Asimismo, advirtió que, en una evaluación preliminar, el proceso podría derivar en una reducción de controles y en la postergación de obras consideradas críticas para la prestación del servicio.

Por ese motivo, decidió otorgar una cautelar de no innovar con el objetivo de evitar cambios que pudieran afectar a los usuarios mientras se analiza el fondo de la cuestión.

El fallo también remarca que el acceso al agua potable constituye un derecho colectivo estrechamente vinculado a la salud pública, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo social, por lo que cualquier modificación en el esquema de prestación requiere una evaluación previa suficiente.

Un freno al plan oficial

La decisión judicial representa un nuevo obstáculo para la estrategia del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de empresas públicas.

El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla la venta de al menos el 51% de las acciones de AySA a un operador estratégico privado, mientras que el resto del paquete accionario sería colocado en el mercado. La empresa adjudicataria asumiría la prestación del servicio mediante una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla por una década adicional.

La medida cautelar fue dictada cuando el Ministerio de Economía ya había comenzado a avanzar en los mecanismos necesarios para desprenderse de la participación estatal mayoritaria en la compañía.

Aunque la resolución no implica una definición definitiva sobre la legalidad del proceso, sí impide que continúe avanzando hasta que se realice una evaluación integral sobre sus posibles consecuencias ambientales, sanitarias y sociales.

El antecedente de los años 90

La discusión sobre el futuro de AySA también reavivó el debate sobre la experiencia de privatización de los servicios de agua durante la década de 1990.

La compañía tiene sus orígenes en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a la empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

Posteriormente, en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado nacional recuperó el control de la firma tras una serie de cuestionamientos vinculados al cumplimiento de inversiones comprometidas y a la expansión de la red de servicios.

Mientras continúa la discusión judicial, la cautelar obliga a AySA a mantener intactos sus niveles de operación, infraestructura y obras en las áreas bajo su cobertura, al menos hasta que la Justicia resuelva el planteo de fondo sobre el alcance y la legalidad del proceso de privatización.