El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una audiencia clave en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, donde volvió a reclamar al gobierno de Javier Milei la devolución de $2,2 billones que la Administración Nacional de la Seguridad Social adeuda al sistema jubilatorio bonaerense.

Se trató del segundo encuentro entre representantes de la Provincia y de la Nación en el marco de esta causa judicial. Tras la audiencia, Kicillof confirmó que habrá una tercera reunión el próximo 10 de junio, instancia en la que el Ejecutivo nacional se comprometió a presentar una propuesta concreta sobre los montos que estaría dispuesto a transferir. "Hoy estamos discutiendo la Caja de los Jubilados que Nación le tiene que transferir a la Provincia. De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando", expresó el mandatario a la salida del tribunal.

Según detalló, el compromiso asumido durante la audiencia implica que en el próximo encuentro se deberá avanzar con definiciones más precisas sobre la deuda reclamada. De esta manera, el 10 de junio aparece como una fecha clave para conocer si existe una vía de solución al conflicto entre ambas jurisdicciones, que se mantiene abierto desde hace meses.

El reclamo del gobierno bonaerense se remonta a deudas acumuladas desde 2020, aunque desde la administración provincial sostienen que a partir de 2024 se produjo una interrupción total en las transferencias por parte de la Nación. Estos fondos corresponden a la compensación que el Estado nacional debe realizar a aquellas provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, como es el caso de Buenos Aires.

El mecanismo de cálculo se basa en una simulación que determina cuánto percibiría un jubilado del sistema provincial si estuviera incluido en el régimen nacional. En función de esa diferencia, la Nación debe girar adelantos a cuenta, sujetos a auditorías posteriores. Sin embargo, desde el gobierno nacional argumentan que esas auditorías no se encuentran finalizadas, lo que ha derivado en la suspensión de los pagos y en la judicialización del conflicto.

La Provincia formalizó su demanda en abril de 2024, solicitando la restitución de las transferencias y su correspondiente actualización, en el marco de lo establecido por la Ley 27.701. A valores actuales, la deuda asciende a unos 2,2 billones de pesos, una cifra que, según advierten desde La Plata, impacta de manera directa en la sostenibilidad del sistema previsional bonaerense.

De la audiencia también participaron funcionarios clave de la administración provincial, como el ministro de Economía, Pablo López; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Por parte de la Nación estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton; y asesores de ANSES.

El conflicto por los fondos previsionales se inscribe en un escenario más amplio de disputas financieras entre la Provincia y el Gobierno nacional. Según detalló Kicillof, existen al menos siete reclamos judicializados adicionales que superan los $15 billones, vinculados a recortes en áreas clave como seguridad, transporte y educación. Entre ellos se encuentran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

"El Gobierno nacional tiene una deuda con nosotros de más de $15 billones", sostuvo el gobernador tras la audiencia, y comparó ese monto con el presupuesto vigente de la Provincia para dimensionar el impacto del reclamo. "Tenemos $44 billones, la deuda es casi un tercio de nuestro presupuesto", concluyó.

A la espera de una propuesta concreta por parte de la Nación, la disputa continúa su curso en la Corte Suprema, en un proceso que podría extenderse en el tiempo pero que, al mismo tiempo, abre una instancia de negociación directa entre ambas administraciones para intentar destrabar uno de los principales conflictos financieros del federalismo argentino en la actualidad.