El gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró el fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que anuló la sentencia de más de 16.100 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF, y aseguró que la resolución confirma la postura histórica del Estado nacional en el litigio. "Se hizo justicia. Este fallo es lo que siempre planteamos", afirmó.

El mandatario provincial también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien cuestionó por su posicionamiento en el conflicto judicial. "Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres", sostuvo, en respuesta a las críticas que el jefe de Estado había lanzado previamente, cuando lo responsabilizó por el origen del juicio.

Kicillof consideró "muy grave" que el Presidente haya avalado la postura de los demandantes en un proceso que el Estado argentino sostuvo durante años con una estrategia unificada. "Era muy malo que el Presidente, para sacar provecho político, les diera la razón a los fondos buitres. Sobre todo porque el Estado siempre siguió una línea en este juicio absurdo", remarcó en declaraciones radiales.

En ese sentido, también cuestionó a sectores de la oposición, particularmente al PRO, por haber respaldado históricamente la posición de los fondos de inversión que impulsaron la demanda. "Una pena lo del Presidente, porque el Tribunal le dijo que nunca tuvo razón", agregó el dirigente, quien además relativizó los agravios personales en su contra al señalar que "la palabra del Presidente está devaluada".

El fallo del tribunal de apelaciones representa un giro clave en un litigio de alto impacto económico y político, que había tenido un capítulo adverso para el país en 2023, cuando la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina pagar una indemnización superior a los 16.000 millones de dólares. La decisión ahora revocada había sido impulsada por fondos que adquirieron los derechos de litigio de accionistas minoritarios, entre ellos Burford Capital.

El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la expropiación del 51% de YPF, entonces controlada por la petrolera española Repsol. La medida se tomó en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de inversiones y el deterioro en la producción energética.

En ese proceso, Kicillof tuvo un rol central como parte del equipo económico y fue uno de los principales impulsores de la iniciativa. El 16 de abril de ese año, la entonces presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para declarar de utilidad pública la participación mayoritaria de la compañía. La norma fue aprobada con amplio respaldo legislativo y se convirtió en un punto de inflexión en la política energética del país.

Tras la expropiación, se abrió un conflicto con Repsol que derivó en negociaciones y finalmente en un acuerdo alcanzado en 2014, mediante el cual la Argentina pagó unos 5.000 millones de dólares en bonos como compensación. Sin embargo, el entendimiento no cerró el frente judicial con otros accionistas, lo que dio lugar a nuevas demandas en tribunales internacionales.

Para Kicillof, la reciente resolución judicial reafirma la legitimidad de aquella decisión. "Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas", sostuvo. Además, reivindicó la medida como parte de un modelo de desarrollo basado en la defensa del interés nacional, la inversión en infraestructura y la protección de los recursos naturales.

El fallo del tribunal estadounidense no solo implica un alivio económico potencial para el país, sino que también reaviva el debate político en torno a una de las decisiones más trascendentes de la última década. Mientras el oficialismo bonaerense lo interpreta como una validación de su postura histórica, desde el Gobierno nacional se mantiene una mirada crítica sobre el proceso que derivó en el litigio.

En este contexto, la discusión sobre YPF vuelve al centro de la escena pública, combinando cuestiones jurídicas, económicas y políticas que siguen marcando la agenda nacional.