Kicillof busca apoyo legislativo para aprobar el endeudamiento y garantizar pagos

En medio de tensiones internas y negociaciones con la oposición, la Legislatura bonaerense debatirá este miércoles el pedido de endeudamiento por USD 3.600 millones impulsado por Axel Kicillof, destinado a cubrir vencimientos del próximo año sin afectar las partidas de Salud y Educación.

La Legislatura bonaerense volverá a discutir este miércoles la Ley de Endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, un proyecto clave para la administración provincial que busca autorización para tomar financiamiento por el equivalente a unos 3.600 millones de dólares. Según explicó el mandatario, el objetivo central es obtener los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para el 2026 sin afectar partidas esenciales como las de Salud o Educación, que quedarían resguardadas ante un escenario fiscal que el propio Gobierno provincial describe como "excepcional".

El debate legislativo llega en medio de un clima político complejo. Por un lado, el oficialismo no logra cerrar filas dentro de su propio espacio: la interna con sectores de La Cámpora persiste y debilita la estrategia negociadora del Ejecutivo. Por otro lado, la oposición -principalmente Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza- mantiene condicionamientos estrictos para avanzar con su apoyo. Exigen acuerdos políticos, participación en organismos clave y una distribución más amplia de fondos, demandas que tensan el escenario previo a la votación.

En un intento por destrabar el conflicto, el Gobierno provincial anunció este lunes la creación de un fondo especial de 250.000 millones de pesos, equivalente al 8% del total de la deuda solicitada, que será distribuido entre los 135 municipios bonaerenses. La medida fue presentada como un gesto de buena voluntad y una herramienta para sumar adhesiones en las bancadas opositoras, además de brindar certidumbre financiera a intendentes de distintos signos políticos.

Kicillof insistió en que la solicitud no implica ampliar la deuda más allá de los niveles actuales, sino "refinanciar compromisos ya existentes" y garantizar la estabilidad fiscal del distrito. En conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el gobernador denunció que la Provincia atraviesa un "asedio financiero" producto de la retracción de recursos nacionales que deberían haberse transferido en forma obligatoria, entre ellos fondos para seguridad y compensaciones vinculadas al transporte público. "Estamos todas las provincias con este problema", advirtió.

El mandatario describió el endeudamiento como un instrumento que permitiría "seguir funcionando y cumplir con las obligaciones sin recortar lo esencial ni agravar las privaciones de los bonaerenses". Subrayó que no se trata de obras extraordinarias ni de gastos discrecionales, sino de afrontar vencimientos acumulados tanto del año pasado -cuando la Legislatura no aprobó las herramientas financieras solicitadas- como de este 2025, donde los compromisos ya están programados.

Para intentar despejar dudas y garantizar previsibilidad, el Gobierno adelantó que los municipios recibirán cinco pagos fijos establecidos por ley, independientemente del monto final que se coloque en los mercados. Este esquema apunta a dar tranquilidad a los intendentes en un contexto económico volátil y, al mismo tiempo, sumar respaldo político al pedido enviado al Parlamento.

Kicillof fue directo en su mensaje a los legisladores: "Pedimos que esta ley sea apoyada y votada en favor de los intereses de los 17 millones de bonaerenses". Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo buscará mostrar músculo político con el acompañamiento de intendentes de distintos sectores en los días previos a la votación, en un intento de marcar que el reclamo excede lo partidario y responde a una necesidad estructural de la administración provincial.

El miércoles será determinante. Si la Legislatura no aprueba la autorización, la Provincia deberá recurrir a fondos que hoy están destinados a áreas sensibles o enfrentar complicaciones para cumplir con los vencimientos financieros del año próximo. El Gobierno insiste en que la ley es una condición indispensable para evitar un deterioro mayor en la prestación de servicios esenciales, mientras que la oposición continúa analizando la propuesta en medio de negociaciones intensas que se acelerarán en las horas previas al debate.

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