El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá el próximo lunes 2 de marzo las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense en un escenario atravesado por la tensión con los gremios docentes y con un paro convocado para esa misma jornada, lo que anticipa un inicio de clases conflictivo en el distrito.

La medida de fuerza fue dispuesta a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y tendrá impacto en territorio bonaerense, ya que el SUTEBA -el sindicato con mayor representatividad en la provincia- confirmó su adhesión. Sin embargo, la conflictividad no se limita al plano nacional: los gremios provinciales también rechazaron la última oferta salarial presentada por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria, lo que deja, hasta el momento, el comienzo del ciclo lectivo sin garantías de normalidad en las escuelas públicas.

Será la primera vez en seis años que Kicillof inaugure el período legislativo con una medida de fuerza del sector docente. Aunque la convocatoria al paro responde a múltiples factores y tiene alcance nacional, en la provincia de Buenos Aires los sindicatos también resolvieron protestas propias al considerar insuficiente el ofrecimiento salarial del gobierno provincial.

En la última reunión paritaria, la administración bonaerense propuso una mejora del 3% para febrero. La oferta fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -SUTEBA, la FEB, Udocba, Sadop y AMET- y también por sindicatos estatales encuadrados en la ley 10.430, como UPCN y ATE. Estos últimos, además, forman parte de espacios sindicales con proyección política hacia la elección presidencial de 2027 y mantienen distintos niveles de cercanía con el mandatario provincial.

Desde el gobierno señalaron que la negociación "sigue abierta" y que existe diálogo informal con los representantes gremiales. Mientras tanto, se otorgó una suba a cuenta de futuros aumentos del 1,5%. Según trascendió desde sectores sindicales, el Ejecutivo tiene plazo hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, fecha en la que comienza la liquidación de los salarios.

El normal funcionamiento de las clases en la provincia depende en gran medida de estas negociaciones. Buenos Aires cuenta con más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 establecimientos privados. Aproximadamente el 70% de los estudiantes asiste a instituciones estatales, mientras que el 30% concurre a colegios privados, muchos de los cuales también reciben aportes del Estado.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue la primera en anunciar una medida de fuerza tras el último ofrecimiento salarial. Luego, el resto de los gremios docentes se sumó a la protesta, especialmente después de que CTERA confirmara el paro nacional. Incluso podría adherir la UDA. En este contexto, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, enfrenta una situación delicada por su histórica afinidad política con Kicillof.

Uno de los factores centrales que explica la complejidad de la discusión salarial es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que integraba el salario de los docentes y tenía mayor incidencia en los sueldos iniciales. La medida fue adoptada por el gobierno nacional de Javier Milei y representó uno de los primeros recortes en el área educativa.

En la provincia de Buenos Aires, el FONID representaba alrededor del 10% del salario total de la mayoría de los docentes. Su eliminación implicó una reducción real en los ingresos, ya que al momento de su interrupción la transferencia mensual rondaba los 14.500 millones de pesos. En un primer momento, la Provincia cubrió el faltante con recursos propios, pero el actual contexto financiero dificulta sostener ese esquema.

Tras agotar las instancias administrativas y de diálogo con la Nación, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la restitución de los fondos. El planteo sostiene que la eliminación del FONID vulnera derechos laborales y compromete la continuidad de políticas educativas acordadas en el Congreso. Hasta el momento, el máximo tribunal no se expidió.

El FONID fue eliminado formalmente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial, lo que implicó la supresión de los fondos nacionales destinados a este incentivo tras más de 25 años de vigencia ininterrumpida. Su restitución es uno de los reclamos centrales de los gremios que convocaron al paro del 2 de marzo, en una provincia donde el inicio de clases vuelve a quedar atado a la evolución de la negociación salarial.