El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezará el próximo martes 14 de abril una presentación en el Palacio de Hacienda para reclamar al Gobierno nacional una baja en el precio de los combustibles y la reactivación de obras públicas paralizadas. La iniciativa incluirá el acompañamiento de intendentes bonaerenses y de otras provincias, en un contexto de creciente tensión por el impacto económico en los distritos.

La movida apunta directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y busca visibilizar un reclamo que viene tomando fuerza en los últimos meses. El aumento sostenido del precio de la nafta y el gasoil, que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente acumuló una suba cercana al 20%, comenzó a generar efectos concretos tanto en la inflación como en el funcionamiento de servicios esenciales.

Uno de los sectores más afectados es el transporte público, donde en los últimos días se registraron recortes en la frecuencia de colectivos como consecuencia del incremento de costos. Esta situación encendió las alarmas en los municipios, que ya venían enfrentando dificultades financieras producto de la caída de la recaudación y los recortes en las transferencias nacionales.

En este escenario, Katopodis llegará a la Ciudad de Buenos Aires con una agenda clara: solicitar que el precio de los combustibles vuelva a los valores del 1 de marzo y exigir la reactivación de obras que quedaron paralizadas. Según plantean desde la Provincia, muchas de estas obras estaban financiadas con recursos provenientes de impuestos incluidos en el precio de los combustibles.

"Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial", cuestionó el funcionario, en línea con la postura del gobierno de Axel Kicillof.

Para reforzar el reclamo, la convocatoria contará con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios, presidida por Fernando Espinoza. La entidad mantuvo recientemente una reunión de urgencia en la que se analizaron las dificultades que atraviesan los gobiernos locales, tanto en términos financieros como en la prestación de servicios.

Los intendentes vienen advirtiendo sobre una situación cada vez más compleja. La caída en la cobrabilidad de tasas municipales obliga a redefinir prioridades y, en algunos casos, a discontinuar prestaciones. A esto se suma el freno casi total de la obra pública, que impacta no solo en la infraestructura sino también en el empleo y la actividad económica local.

Algunos jefes comunales ya expusieron cifras concretas. En Tandil, el intendente Miguel Lunghi señaló que la cobrabilidad de tasas cayó del histórico 65-70% al 56% en 2025. En Chascomús, Javier Gastón indicó niveles cercanos al 60%, mientras que en San Antonio de Areco, el jefe comunal Francisco Ratto afirmó que apenas la mitad de los vecinos paga la tasa de servicios urbanos.

En este contexto, el reclamo que se llevará al Palacio de Hacienda no solo busca respuestas inmediatas en materia de precios y obras, sino también abrir un canal de diálogo frente a un escenario que los municipios consideran cada vez más crítico.