Los trabajadores judiciales bonaerenses nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizarán un paro total de actividades el próximo lunes 2 de marzo, sin presencialidad y sin teletrabajo, en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. La medida fue definida tras el rechazo a la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial y en reclamo de una propuesta "superadora" que permita recomponer el poder adquisitivo.

La decisión se adoptó a partir de los mandatos votados en las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero y fue oficializada por la Comisión Directiva Provincial del gremio. Según explicaron, la fecha elegida se encuentra en línea con la jornada de protesta que también definieron los docentes bonaerenses, en el marco de la negociación paritaria.

Desde la AJB señalaron que los trabajadores judiciales atraviesan "un momento de extrema complejidad" como consecuencia de la crisis económica nacional, que impactó de manera directa en los salarios del sector. "Estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo", expresaron en un comunicado.

En ese contexto, el gremio exige una mejora salarial que permita equiparar los haberes a la inflación proyectada para 2026 y, además, recuperar la pérdida acumulada durante 2025. La propuesta presentada por la Provincia consistió en un incremento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026, oferta que fue considerada insuficiente por las bases.

La medida de fuerza no se limita únicamente al reclamo salarial. La AJB indicó que el paro forma parte de una agenda integral de reivindicaciones que incluye la creación de subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, la convocatoria a una Mesa Técnica de Carrera Judicial, la sanción de una ley de Paritarias específica para el sector, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y mejoras en la cobertura y el funcionamiento del IOMA.

Además, el gremio se sumó a los reclamos que otros sindicatos estatales bonaerenses vienen sosteniendo frente al Gobierno nacional por la restitución de fondos que, según denuncian, fueron retenidos a la Provincia. "Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial", afirmaron.

En particular, advirtieron que el impacto alcanza al Instituto de Previsión Social, del cual dependen millones de trabajadores estatales activos y jubilados, incluidos los judiciales, que podrían ver afectados sus derechos previsionales si no se regulariza la situación financiera.

De esta manera, el lunes 2 de marzo no habrá actividad en tribunales de toda la provincia, en una jornada que promete tensar aún más la negociación salarial y el vínculo entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios del sector público.