El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda de 27.000 millones de pesos por la asistencia que la Ciudad brinda a personas en situación de calle con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, actualmente funcionan 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tienen domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos que implica su asistencia.

Desde la administración porteña señalaron que, de acuerdo al Decreto 373/2025 del Gobierno nacional -que modifica la ley de situación de calle-, la responsabilidad de atender a estas personas corresponde a cada jurisdicción. En ese sentido, remarcaron que la Provincia de Buenos Aires no estaría cumpliendo con esa obligación, a pesar de contar con el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle, creado por ley propia.

El planteo también fue reforzado públicamente por Macri, quien a través de sus redes sociales cuestionó la gestión bonaerense y afirmó que "es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno". Además, sostuvo que la Provincia debe garantizar "alojamiento y asistencia" y pidió que cumpla con la normativa vigente.

En paralelo, los ministros porteños Gabriel Mraida y Gustavo Arengo enviaron un reclamo formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, solicitando la "inmediata transferencia" de los fondos necesarios para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros.

De acuerdo a los cálculos oficiales, el costo mensual por persona asciende a 1.163.135 pesos, lo que eleva el monto total reclamado a 27.066 millones de pesos desde la entrada en vigencia del decreto.

Por su parte, Mraida sostuvo que "la ley no deja lugar a dudas" respecto de las responsabilidades jurisdiccionales y advirtió que, si bien la Ciudad continuará brindando asistencia, no aceptará que otras administraciones "no hagan su parte".

El conflicto suma tensión entre ambas jurisdicciones en torno a la asistencia social y el reparto de responsabilidades, en un contexto de creciente demanda y restricciones presupuestarias.