Fiscal pidió llevar a juicio a tres ex directivos de IOMA  

La investigación se inició tras la denuncia del titular de la Asociación de Médicos Auditores de la obra social quien expuso que en 2011 y 2012 se habían pagado grandes sumas por un sistema de cierre de heridas.   La fiscal Cecilia Corfield pidió elevar a juicio a tres ex funcionarios del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gobernación de Daniel Scioli y dos empresarios, en una causa por los presuntos delitos de fraude al Estado y asociación ilícita. Quienes aparecen involucrados son Alejandro Fernández, ex director general de Administración, el ex director de Finanzas, Bernardo Rodríguez, y el ex subdirector de Compras, Carlos Soberón. También Mario Errecart, gerente de una de las empresas que participó de la presunta maniobra, y Gerardo Angarami, presidente de otra de las firmas. La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por Ildemar Seillant, titular de la Asociación de médicos auditores de la obra social, quien sostuvo que en 2011 y 2012 se estaban pagando valores "extremadamente superiores" para la adquisición de los denominados VAC, un sistema de presión negativa para el cierre de heridas. Esta terapia de cierre de heridas consiste en aplicar presión negativa a una herida de difícil curación, aspirando el líquido que emana de la zona afectada, manteniéndola seca y facilitando así su cicatrización. La fiscal sostuvo que los ex funcionarios imputados detentaban la responsabilidad del manejo y administración de los recursos del IOMA, "violando los deberes a su cargo con el objeto de obtener para sí y para los terceros como imputados con quienes se encontraban en connivencia, un lucro indebido". Y añadió que "direccionaron -al menos- 85 trámites de provisión del denominado sistema de cicatrización de heridas por presión negativa hacia las firmas Ortopedia y Cirugía La Plata S.R.L. y Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., logrando de tal modo que el IOMA terminara abonando sumas de dinero muy superiores al valor real de la prestación". "Para ello, los funcionarios y los empresarios imputados convinieron en disfrazar de compleja (mediante la sobrecarga de especificaciones técnicas, identificación de insumos específicos y marcas comerciales determinadas) una prestación extremadamente simple, para de tal modo generar una falsa exclusividad y así lograr que sólo esos prestadores estuvieran en condiciones de cumplir con el requerimiento, excluyendo a otros posibles oferentes que podían brindar el mismo servicio a un costo sustancialmente menor al que pagaría la obra social", añadió la fiscal.