El Gobierno no modificará el decreto que restringe el acceso a la información pública

El Gobierno confirmó este viernes que no modificará la nueva normativa que restringe el acceso a la información pública pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había marcado receptividad a introducirle cambios propuestos por los bloques aliados en su visita al Congreso.

Así lo confirmó el vocero Manuel Adorni en la conferencia de este viernes cuando descartó la posibilidad de abrir el diálogo a modificaciones tras las críticas que recibió la medida por parte de varios sectores.

“Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso”, aclaró.

No obstante, Adorni aseguró que “no hubo contradicción” en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados y deslizó que era plausible una conversación sobre esta cuestión. “Si de alguna manera, como veo que es un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”, había dicho Francos.

En tanto, Adorni interpretó: “Simplemente entiendo que (Francos) quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de la ley o a entender que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir”.

Para justificar esta postura inamovible de Milei y su séquito, el portavoz expuso algunos requerimientos que llegaron al Ejecutivo. “Acá se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más que para eso, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”, alegó en base a la nueva disposición.

Y fue ahí que desglosó: “En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), algo que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”.

Bajo la premisa de que este gobierno es el primero que va a “defender la transparencia y la honestidad”, el vocero detalló: “En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. El decreto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. Además, no se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas”.