El Gobierno confirmó más de 33 mil desvinculaciones del Estado entre despidos, retiros y jubilaciones

El Gobierno confirmó que hubo más de 33 mil desvinculaciones en el Estado nacional desde que asumió Javier Milei, entre despidos, retiros y jubilaciones, como parte de su estrategia de achicar el sector público para conseguir el déficit cero.

Según los datos que brindó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en la red social X, fueron un total de 33.291 desvinculaciones.

“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello. Acá el gráfico con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre”, escribió el funcionario que tiene a su cargo la tarea de achicar el sector público.

A través de un gráfico se puede observar, mes tras mes, la cantidad de puestos en el Estado que se redujeron. Del total, 20.026 pertenecen a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.

Los mayores recortes se produjeron al comienzo de la gestión: en enero se desvinculó a 7.607 personas y en abril fueron 7.000 agentes menos, entre los que se incluyen despidos, ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.

En diciembre, el Gobierno decidió cancelar los contratos de quienes habían ingresado a la administración pública durante el mandato de Alberto Fernández y establecer renovaciones solamente por tres meses. En abril y en julio se registra también fue pronunciada la cantidad de egresos.

Cabe señalar que, a la eliminación de ministerios, se le sumó la de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), y la política de recortar en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, que en un principio estuvieron en la lista de la Ley Bases entre los que eran pasibles de ser privatizados.

También el cambio de denominación en otros como la AFIP, que pasó a denominarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contempla la reducción de cargos jerárquicos que alcanzarían a más de 3.000 empleados.