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El Gobierno nacional amplió este martes por decreto el secreto militar sobre la contratación y construcción de obras de infraestructura, así como la importación y compras de armamento.
En rigor, la medida se da en el marco de la inversión del ministerio de Defensa destinada a la compra de los 24 aviones caza F-16 al Reino de Dinamarca. Ahora, las condiciones de confidencialidad alcanzarán a las obras e insumos importados destinados a la modernización del centro de instrucción en donde operarán las aeronaves.
Según los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial, la incorporación del sistema adquirido implica obras e inversiones en los establecimientos de la Fuerza Aérea que “resultan imprescindibles para la adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento”.
La medida le da a la cartera de Luis Petri la libertad de comprar sin informar los montos ni los detalles de las obras ni de los armamentos adquiridos. Esta novedad llega luego de que el Gobierno restringiera el acceso a la información pública. Los pedidos más repetidos en el último tiempo eran para ampliar la información relacionada a la compra armamentística.
De acuerdo al Decreto 807/2024, se declara entonces el “secreto militar” para “la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material” que se utilizarán en las instalaciones de la VI Brigada Aérea Tandil y el Área Material Río Cuarto, ubicadas en la provincia de Córdoba.
La medida se relaciona con la inversión que hizo el Gobierno vinculado al expediente NºEX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, que ya estaba sujeto desde abril pasado a condiciones de confidencialidad, a raíz de la compra del equipamiento de los 24 cazas F-16AM/BM Fighting Falcon fabricados por la contratista norteamericana, Lockheed Martin.
La normativa se funda en el Decreto Nº 9390/63, que permite clasificar como “secreto militar” ciertos temas para lograr la seguridad nacional, incluyendo adquisiciones y negociaciones de tipo castrense.
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