El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Justicia al considerar que las más de 600 amenazas registradas en escuelas del territorio podrían responder a una "estructura delictiva" organizada. La medida busca avanzar en la identificación de los responsables detrás de una serie de episodios que generaron alarma en la comunidad educativa.

La presentación fue impulsada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, junto al subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el Ministerio de Seguridad encabezado por Javier Alonso. El planteo fue elevado ante la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, donde solicitaron la apertura de una investigación que permita esclarecer el origen de las amenazas.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que, si bien cada uno de los casos ya está siendo investigado en los distintos departamentos judiciales, la nueva denuncia apunta a unificar criterios y avanzar en una pesquisa de mayor alcance. El objetivo es determinar si existe una organización detrás de los hechos o si se trata de acciones fragmentadas que, sin embargo, configuran un fenómeno de alcance masivo.

En ese sentido, los funcionarios señalaron que la investigación busca dilucidar la posible existencia de una estructura que haya promovido o instigado las amenazas, ya sea de manera coordinada o mediante dinámicas que se replican en distintos puntos del territorio. El planteo se sustenta en la magnitud y la simultaneidad de los episodios, que en pocos días afectaron a más de 600 establecimientos educativos.

La denuncia fue formulada con una perspectiva centrada en la protección de niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de situaciones genera en la vida escolar y en la tranquilidad de las familias. Además, se destacó la necesidad de abordar el fenómeno no solo desde lo judicial, sino también en términos preventivos y sociales.

Como antecedente, las autoridades tomaron en cuenta el ataque ocurrido el 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, un hecho que marcó un punto de inflexión y tras el cual comenzaron a multiplicarse las amenazas en distintas instituciones educativas, tanto en la provincia como en otros puntos del país.

A partir de ese episodio, el fenómeno creció de manera sostenida y encendió las alarmas en el sistema educativo, obligando a reforzar protocolos de actuación y a desplegar acciones coordinadas entre distintas áreas del Estado.

En este contexto, la Provincia busca avanzar en una investigación integral que permita no solo identificar a los responsables, sino también comprender las dinámicas que dieron lugar a esta ola de amenazas, con el objetivo de prevenir su repetición y garantizar la seguridad en las escuelas bonaerenses.