Confirman que Kicillof no vetará ley pese al costo fiscal de 10 mil millones de pesos

  Teresa García, ministra de Gobierno, recordó que el costo de los cambios recaerá en los municipios. García aseguró que las modificaciones fueron para beneficiar a los “poderosos”. La ministra de Gobierno, Teresa García, afirmó ayer que el gobernador Axel Kicillof no vetará la Ley Impositiva aprobada antenoche pese a las duras críticas que le formuló a los cambios que le introdujo la oposición que, según la funcionaria, tienen un costo fiscal de unos "10 mil millones de pesos". "Tenemos la ley, era necesaria", dijo García, senadora en uso de licencia y una de las encargada de llevar adelante las negociaciones para hacer avanzar el proyecto, que tuvo un accidentado trámite parlamentario desde que fue presentado el 25 de diciembre en el cual sufrió muchos cambios. "Axel no va a vetar nada. Ellos se tendrán que hacer cargo de beneficiar a los poderosos", precisó García, en línea con el discurso del Gobernador, que viene enfatizando que no está de acuerdo con cómo quedó a ley pero que el oficialismo avaló los cambios en diputados para no demorar más el trámite. Tal como informó DIB, luego del naufragio del proyecto original hace dos semanas, el Ejecutivo presentó uno nuevo en la Cámara de Diputados que atenuaba el impacto de los aumentos en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes, pero luego la oposición le introdujo nuevos cambios que lo profundizaron. En ese marco, antenoche los diputados del Frente de Todos terminaron por avalar el proyecto pese al descuerdo de Kicillof, bajo el argumento de que el Ejecutivo necesita corregir el esquema de recaudación de forma urgente y que es preferible ese avance parcial a que no exista ninguno. García confirmó ayer que no habrá veto a ningún artículo de la norma, aunque reiteró las críticas y confirmó que de acuerdo a los datos del gobierno el impacto fiscal de las modificaciones es de cerca de 10 mil millones de pesos, sobre un paquete de unos 30 mil millones de pesos. La ministra dijo que en el gobierno hay "satisfacción por haber sacado la ley después de 20 días", pero "no tanto en la forma en que la oposición puso los cambios" que a su juicio fueron para "beneficiar a los cableoperadores, a los cerealeros exportadores y a los privados consorcistas de los puertos". García también recordó que el costo de los cambios recaerá, vía coparticipación, en los municipios.