Las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir de este miércoles 1° de abril reducirán las frecuencias de sus servicios, en medio de un conflicto con el Gobierno por el aumento del costo del gasoil y la falta de actualización de ingresos.

La medida fue confirmada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, que agrupan a gran parte de las compañías del sector.

Según explicaron en un comunicado conjunto, el incremento del combustible volvió "inviable" sostener los niveles habituales de servicio y advirtieron que la operación del sistema se encuentra en "serio riesgo". En ese marco, señalaron que la reducción de frecuencias responde a la imposibilidad de mantener la prestación con los ingresos actuales, en un contexto de suba de costos y falta de respuestas oficiales.

La decisión impactará tanto en líneas de jurisdicción nacional como provincial, por lo que afectará a servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, así como a otros recorridos dentro del área metropolitana. De no mediar cambios, los usuarios podrían encontrarse con mayores tiempos de espera y una menor disponibilidad de unidades en circulación.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, cuestionaron la medida y la calificaron como una maniobra de presión. Además, advirtieron que habrá controles sobre la prestación del servicio y posibles sanciones para aquellas empresas que no cumplan con las frecuencias establecidas.

El conflicto se da en la antesala de una nueva actualización tarifaria, ya que el Ministerio de Transporte bonaerense informó que desde el 1° de abril entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para los servicios urbanos e interurbanos provinciales del AMBA, ajustados en base al índice de inflación.

La disputa abre un nuevo frente entre el sector empresario y las autoridades en un sistema que arrastra tensiones por subsidios, costos operativos y calidad del servicio, mientras los usuarios quedan en el centro de un escenario de incertidumbre.