Buscan crear un registro de trabajadores de aplicaciones de delivery en la provincia y hay polémica

La iniciativa, del senador Omar Plaini, fue aprobada en el Senado en octubre del año pasado y ahora el Frente de Todos apura su tratamiento en comisiones de Diputados.

Así, la Cámara Baja convocó a cuatro comisiones en conjunto para este martes: Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Legislación General.

A partir de ese registro el gobierno podrá identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores con el fin de tener un mayor control sobre los derechos laborales de quienes circulan en moto o bicicleta. Además les exige a las empresas contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Asimismo, conocer los horarios de trabajo en los que se desempeñan. Cabe recordar que en 2021, el Gobierno provincial avanzó con controles en vía pública y detectó que más del 50% trabaja más de nueve horas por día y que el 70% lo hace casi siete veces a la semana.

En tanto el proyecto de ley generó polémica no solo con la oposición, sino también entre los trabajadores. Desde la Asociación Sindical de Repartidores, que aún aguarda la personería gremial, se quejaron porque no fueron llamados a debatir la propuesta.

Mientras tanto, diputados liberales cuestionaron la iniciativa. “Apoyamos totalmente a los repartidores. La ley que quieren aprobar y tratar es completamente delirante, dejaría a más de 20.000 personas sin trabajo”, dijo el diputado Nahuel Sotelo, quien responde a Javier Milei.

“El proyecto es un ejemplo de odio a la libertad y amor a la burocracia. Extermina los deliverys y va a dejar 25.000 pibes sin trabajo. Vamos a intentar pararlo”, sostuvo por su parte Guillermo Castello.

En tanto, días atrás el Ministerio de Producción bonaerense denunció a Rappi y Pedidos Ya por un “gasto oculto” que esas dos empresas cobran a sus clientes. Según esa cartera, se trata de un “costo” adicional llamado “Tarifa de servicio”, que suele ser menor a 100 pesos, pero que se suma al precio del producto y del envío, y que viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Desde Provincia aseguran que resulta una “práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada a los consumidores y usuarios costos y gastos empresarios”. (DIB)