La provincia de Buenos Aires avanzó un nuevo escalón en su política energética al habilitar formalmente el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, una herramienta que permitirá a grupos de usuarios producir energía eléctrica a partir de fuentes renovables, destinarla al autoconsumo y vender los excedentes a la red de distribución.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 17/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y le da un encuadre técnico, jurídico, económico, contractual y tarifario a una iniciativa que había comenzado a delinearse en 2023, pero que hasta ahora carecía de un marco normativo específico para proyectos colectivos.

El nuevo reglamento regula la asociación de varios usuarios -con puntos de suministro independientes o de un mismo titular con al menos dos suministros- que estén atendidos por una misma distribuidora provincial o municipal. Estos podrán vincularse para generar energía renovable mediante sistemas con una potencia superior a los 10 kilovatios (kW), superando así el esquema individual que regía hasta el momento.

Según lo establecido, la energía producida por estos proyectos comunitarios podrá destinarse al autoconsumo de sus integrantes y los excedentes podrán inyectarse a la red eléctrica. El valor económico de esa energía será acreditado en las facturas de cada usuario participante, de acuerdo con el porcentaje de participación previamente definido dentro del proyecto. De esta manera, los usuarios no solo reducirán su consumo de la red tradicional, sino que también podrán obtener un reconocimiento económico por la energía aportada al sistema.

Hasta ahora, el régimen de generación distribuida estaba pensado principalmente para usuarios individuales -viviendas, comercios o pequeñas y medianas empresas- que instalaban paneles solares u otras tecnologías renovables para consumo propio y compensación de excedentes. Con esta reglamentación, la Provincia habilita un esquema más amplio que abre la puerta a iniciativas comunitarias, cooperativas, consorcios y emprendimientos colectivos.

El reglamento se enmarca en la Ley N° 11.769, que reconoce a los autogeneradores como agentes de la actividad eléctrica, y en la Ley N° 15.325, que declara de interés provincial la generación distribuida a partir de fuentes renovables y adhiere a los beneficios promocionales, impositivos y fiscales previstos en la Ley Nacional N° 27.424.

Entre los puntos centrales de la normativa, se establece que los proyectos de Generación Distribuida Comunitaria podrán organizarse mediante acuerdos privados de voluntades o a través de personas jurídicas constituidas específicamente para tal fin. En todos los casos, deberá quedar claramente definida la participación de cada integrante, ya que de ese porcentaje dependerá la acreditación de los ingresos derivados de la energía inyectada a la red.

Además, tanto los usuarios generadores individuales como los comunitarios deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la Provincia de Buenos Aires (RUGER). Una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación correspondiente, se emitirá el certificado que habilita el acceso a los beneficios impositivos y fiscales previstos por la normativa vigente.

El reglamento también establece que el RUGER deberá informar mensualmente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre la emisión de certificados, así como sobre las modificaciones o bajas que se produzcan, para que se registren correctamente las exenciones impositivas otorgadas.

Con esta reglamentación, la Provincia busca impulsar el desarrollo de energías limpias, fomentar la participación comunitaria en la transición energética y avanzar hacia un sistema más descentralizado, sostenible y con mayor protagonismo de los usuarios en la generación eléctrica.