Baja en la edad de la imputabilidad: para la Provincia no es una solución

Tras el anuncio del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, sobre la intención de modificar la Ley de Imputabilidad para permitir la condena de menores a partir de los 14 años, el Gobierno provincial expresó su desacuerdo, argumentando que esta medida no aborda adecuadamente la complejidad de la situación.

El ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, criticó la propuesta del Gobierno central, calificándola como un intento de "mirar el problema por un agujerito chiquito". Según Alonso, en la provincia de Buenos Aires se detienen anualmente a unos 40.000 menores por violar la ley, de los cuales 1.300 tienen más de 16 años. Destacó que de ese total, solo 500 ingresan a institutos de menores, mientras que otros 400 son monitoreados con pulseras o controles semanales, y 400 son devueltos a sus padres. El restante número, alrededor de 38.700, ni siquiera llega a ver a un fiscal, ya que son devueltos a sus hogares.

Alonso subrayó que más allá de la edad, muchos de estos jóvenes provienen de familias que no pueden cuidarlos, enfrentan problemas de adicción, sufren abusos y terminan viviendo en la calle, socializándose en un entorno violento. Además, señaló que muchos menores cometen delitos utilizando armas de fuego, subrayando la necesidad de un enfoque institucional y sociocomunitario para abordar esta problemática.

Desde el Gobierno de Axel Kicillof, se criticó la propuesta de Cúneo Libarona, quien afirmó que a los 14 años los jóvenes "muestran una personalidad que merece la atención y la sanción". Se resalta la importancia de encontrar soluciones institucionales y sociocomunitarias para aquellos jóvenes que necesitan cuidado y apoyo, en lugar de centrarse únicamente en la edad de imputabilidad.

En la misma línea, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, destacó la importancia de brindar un tratamiento especial a los menores que cometen delitos antes de los 14 años, considerando casos en los que jóvenes de 12 o 13 años pueden estar involucrados en delitos graves.

Además de la discusión sobre la edad de imputabilidad, el ministro Alonso hizo hincapié en la necesidad de fondos adicionales para la Provincia. Describió la magnitud del desafío, comparando la extensión territorial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resaltando la falta de recursos en términos de personal policial y patrullaje. Destacó la importancia de encontrar soluciones coordinadas entre la Nación, los municipios y el sistema judicial para abordar los desafíos de seguridad en la provincia.

En cuanto a la relación con Patricia Bullrich, Alonso reconoció diferencias políticas, pero hizo hincapié en la responsabilidad compartida de resolver los problemas de inseguridad para el bienestar de los ciudadanos bonaerenses. Señaló la importancia de encontrar puntos de acuerdo más allá de las diferencias políticas para ofrecer soluciones urgentes a los desafíos de seguridad que enfrenta la provincia.