Avanza iniciativa kirchnerista que permite a municipios suspender obras de canales clandestinos

El proyecto, presentado por el senador Patricio García fue aprobado durante la última sesión de la Cámara Alta y dispone la modificación del artículo 166 bis del Código de Aguas (Ley 12.257). El kirchnerismo avanzó con la aprobación de un proyecto que permite que los municipios pidan a través de un recurso judicial la suspensión de obras de canalización clandestinas en campos, con el objetivo de “prevenir” el impacto negativo de esos trabajos sobre las ciudades o extensiones agropecuarias vecinas. El proyecto, presentado por el senador Patricio García (FpV-PJ) fue aprobado durante la última sesión de la Cámara Alta y dispone la modificación del artículo 166 bis del Código de Aguas (Ley 12.257) con el objetivo de facultar a los municipios para interrumpir judicialmente la realización de obras no autorizadas. Según el autor de la iniciativa, que ahora deberá ser refrendada por Diputados, “esta modificación complementa las facultades que poseen los municipios y la autoridad del Agua, permitiendo adoptar judicialmente las medidas que de manera cautelar puedan prevenir la realización de obras clandestinas, morigerar su impacto o atender a sus consecuencias, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva la autoridad de aplicación”. García indicó que el proyecto fue presentado “a los efectos de permitir, prevenir o atender de manera urgente a las consecuencias de la realización de obras no autorizadas que modifiquen en forma artificial el regular y natural escurrimiento de las aguas”. El año pasado, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que endurece las penas para quienes desarrollen canales clandestinos en los campos, en base a un proyecto presentado tras las inundaciones de San Andrés de Giles, producidas por el funcionamiento de ese tipo de obras clandestinas. Ahora, la iniciativa que impulsa el kirchnerismo apunta a que los municipios puedan detectar y frenar ese tipo de obras hidráulicas antes o durante su realización. Al respecto, García señaló que “la modificación del régimen pluvial hace necesaria en algunos casos la intervención inmediata de la autoridad administrativa y judicial local”.