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En 2010, el Gobierno bonaerense comenzó a preparar una nueva reglamentación de la perimida ley y, aunque a fines de 2013 el decreto de actualización estaba listo, una serie de objeciones obligaron a una revisión que terminó demorando la norma.
La reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó al herbicida glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos, renovó los reclamos de ONG’s ambientales que salieron a exigir la prohibición del agrotóxico más usado en el mundo, situación que volvió a poner en debate la falta de una legislación actualizada en materia de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires.
Es que mientras se multiplican las voces contra los agrotóxicos, y diversas localidades del país endurecen normativas y hasta prohíben la venta y aplicación del herbicida –decisión que acaba de tomar el Concejo Deliberante de la localidad de Epuyén, en Chubut- en territorio bonaerense la norma que legisla el tema (Ley Nº 10.699) data de 1988, es decir, mucho años antes de que se introdujeran en el país los cultivos transgénicos y los nuevos químicos que acompañaron su desarrollo.
En ese sentido, en 2010 el Gobierno bonaerense comenzó a preparar una nueva reglamentación de la perimida ley de agroquímicos y, aunque a fines de 2013 el decreto de actualización estaba listo, una serie de objeciones de las entidades rurales y cámaras del sector obligaron a una revisión que terminó demorando una norma necesaria y urgente.
Según señalaron fuentes oficiales, el decreto fue finalmente consensuado y actualmente está en revisión en diferentes carteras del Gobierno. No obstante, nadie arriesga plazos concretos.
El decreto está siendo analizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y luego seguirá su derrotero por la dirección de Cultura y Educación y el ministerio de Salud.
Estos organismos podrán hacer sugerencias y modificaciones. Una vez que se complete este proceso, el expediente continuará el circuito administrativo habitual por Asesoría de Gobierno, Contaduría y Fiscalía de Estado hasta llegar a la firma del gobernador.
Decreto con cambios
La reglamentación que fue rediscutida a pedido de las entidades rurales Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural, fijaba, entre sus puntos principales, una distancia de 500 metros de zonas urbanas para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre -con excepciones “concretas y controladas” en cinturones hortícolas- y una distancia de 2 mil metros para fumigaciones aéreas.
Tras la revisión de la norma, la aplicación terrestre se mantendría en 500 metros pero se impulsa reducirla a mil metros en el caso aéreo. No obstante, estas restricciones no son definitivas ya que, como se indicó, podrían ser modificadas por OPDS, Salud y Educación.
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