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Hay 41.267 delincuentes en las prisiones bonaerenses, que tienen capacidad para 28 mil detenidos. Estudian extraditar a 300 encarcelados a sus países natales.
Ante la superpoblación carcelaria que sufre la provincia de Buenos Aires y frente a un reclamo de la Justicia, el Gobierno bonaerense comenzó a estudiar el perfil y los antecedentes de unos 1.500 presos que podrían ser trasladados a sus casas para que cumplan con la prisión domiciliaria.
Si bien en un principio trascendió que los presos serían liberados, lo que generó una fuerte crítica del massismo, lo cierto es que el Gobierno aclaró que analiza qué número de internos está en condiciones de cumplir con el beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de tobillera electrónica.
"No recomendamos liberar a presos, no es la política criminal de este Gobierno. A raíz de un pedido de la Justicia estamos elaborando perfiles y un listado de personas con delitos menores, que tengan las condiciones para cumplir con la prisión domiciliaria", confiaron fuentes oficiales. En paralelo, hay un operativo para devolver a sus países de origen a los extranjeros.
En el marco de cantidades de habeas corpus y de comisiones que arman los jueces sobre la sobrepoblación carcelaria, desde la administración de María Eugenia Vidal reconocen que existen unas 300 personas en condiciones de ser devueltas a sus países.
Los números del pico de sobrepoblación en las cárceles hablan por sí solos. En los penales bonaerenses hay lugar para alojar a unos 28 mil detenidos, y actualmente hay 41.267 personas presas. En este contexto, el 2 por ciento de los reclusos están enmarcados en lo que dice el artículo 10 del Código Penal de la Nación para prisión domiciliaria (enfermos, mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores a 4 años). Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia aclararon que no tienen ningún plan en ese sentido.
No obstante, desde el Frente Renovador encendieron la luz de alerta, y anunciaron que presentarán en los próximos días un modelo de cárcel integrada para que puedan construirse de inmediato. En tal sentido, el vicepresidente II de la Cámara de Diputados bonaerense, Ramiro Gutiérrez, explicó que "en Nación intentaron una liberación masiva de presos, y pudimos frenarla, porque el camino es prevenir el delito y construir las cárceles que faltan".
Por su parte, el diputado Jorge D’Onofrio recordó "en años anteriores era una práctica habitual de fin de año, liberar presos y de esa manera evitaban motines, pero son parches nocivos para la sociedad". Y añadió: "liberar 1500 reclusos no puede tomarse a la ligera con los niveles tan altos de reincidencia que tenemos en la provincia".
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