Las rutas nacionales que surcan la provincia de Buenos Aires atraviesan una situación crítica que ya impacta de lleno en la seguridad vial, la producción y la vida cotidiana de miles de vecinos. Obras paralizadas, bacheos demorados, reclamos constantes y un crecimiento sostenido de los accidentes de tránsito forman parte del panorama actual de una red vial deteriorada que, según un informe técnico, alcanza a casi el 65% del total de las rutas nacionales del país.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) alertaron por el riesgo creciente para quienes transitan estos caminos, cuyo estado empeora mes a mes por la falta de mantenimiento. Un relevamiento elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad y analizado por la Agencia DIB puso el foco en varios corredores estratégicos bonaerenses y encendió las alarmas por el desfinanciamiento del organismo.

El informe sostiene que entre el 65% y el 70% de la calzada nacional se encuentra en estado regular o malo, una situación especialmente grave en rutas clave para la logística, el transporte agropecuario y la conectividad provincial. En ese contexto, advierten que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Vialidad Nacional atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con un presupuesto 75% menor al de 2023 y cerca de mil despidos durante la actual gestión, el mantenimiento preventivo fue prácticamente eliminado y reemplazado por bacheos precarios que, según los técnicos, solo "administran el riesgo". Se detectaron fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que redujeron la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando los costos logísticos y la siniestralidad vial.

En la provincia, el diagnóstico es especialmente preocupante. El relevamiento indica que solo el 36,8% de las rutas nacionales que atraviesan el territorio se encuentra en buen estado. Un 11,5% presenta condición regular y el 51,7% está directamente en mal estado. La comparación con otras provincias expone la magnitud del problema: en Córdoba, solo el 12% está en mal estado; en Santa Fe, el 53,6%; en La Pampa, el 38,6%, y en San Luis apenas el 2,2%.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Ruta Nacional 3. En los tramos que van desde Cañuelas hasta Azul, se registra un alto nivel de congestión y un tránsito pesado que ronda el 60%, con camiones que transportan granos, agregados pétreos, cal y cemento hacia los puertos y el conurbano. Circulan allí entre 9.800 y 3.500 vehículos diarios, según el tramo. Pese a los reclamos y a la elevada siniestralidad, las obras permanecen paralizadas. Incluso, tras una demanda del municipio de Azul, Vialidad Nacional calificó inicialmente de "infundado" el reclamo por el deterioro, aunque luego pidió disculpas y prometió trabajos que aún no se concretaron.

La Ruta Nacional 5, que une Luján con Santa Rosa, también presenta un deterioro severo de la carpeta asfáltica. La imposibilidad de sostener velocidades superiores a los 80 km/h eleva los tiempos y costos de viaje, en un corredor donde el 30% del tránsito es pesado. Vecinos e intendentes reclaman la reactivación de obras, más allá del avance de la autopista entre Mercedes y Suipacha.

En la Ruta 7, entre Junín y Chacabuco, si bien el tramo principal es autopista, persisten graves problemas de mantenimiento en accesos y colectoras. Baches profundos, falta de señalización, iluminación deficiente y banquinas cubiertas de pastizales generan riesgos constantes. Tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, reclamó a Nación que retome los trabajos.

Finalmente, la Ruta 33, vital para la producción agrícola, muestra un deterioro estructural profundo. Según Fepevina, la situación exige una reconstrucción total y no simples bacheos. Diagnósticos técnicos revelan fallas en la subrasante, con deformaciones y "cráteres" que complican el tránsito entre localidades bonaerenses y santafesinas, y motivaron nuevos reclamos de jefes comunales.

Mientras tanto, la falta de ejecución del Impuesto sobre los Combustibles, que por ley debería destinarse al mantenimiento y señalización, agrava un escenario que, en Buenos Aires, ya se traduce en más accidentes, mayores costos productivos y rutas cada vez más peligrosas.