El pasado mes de abril, el juez federal Adrián González Charvay elevó a juicio oral y público el caso por el que fue procesado el exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, en el que se lo acusó de “malversación de caudales públicos” y “violación de los deberes de funcionario público” en el manejo de los fondos otorgados por la Nación al Municipio.
Y ahora el proceso dio un paso más, ya que se dio a conocer que el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín quedó a cargo de llevarlo adelante, por lo que el destino del exmandatario pilarense quedará en manos de las juezas Lucila Esther Larrandart, Ángela Ester Ledesma y Marta Isabel Milloc.
Los pasos para poder acceder a una nueva instancia del proceso, implican que el TOF 1 de San Martín con asiento en Olivos deberá evaluar la causa, definir si se necesita instrucción suplementaria, citar a la presentación de pruebas de las partes, y finalmente definir cuándo se sustancia el debate oral y público.
Respecto de la instancia previa, había comenzado con la decisión de González Charvay de dictar, en julio de 2021, el procesamiento de Ducoté y de otros exfuncionarios de la intendencia de Pilar y empresarios por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, es decir por un caso de corrupción.
Asimismo, la investigación judicial se abrió en 2019 por las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad que conducía Ducoté.
Cabe destacar que la denuncia por administración fraudulenta de fondos recibidos del Gobierno Nacional fue realizada por la exconcejal Paula González -hoy secretaria de Desarrollo Social del Municipio-, y puso el foco sobre la construcción de una planta de efluentes cloacales en el barrio Peruzzotti y también sobre obras de infraestructura realizadas en el barrio Monterrey.
La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo “pago de sobreprecios” y “erogaciones” por trabajos que no se concretaron en ambos barrios, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como “microcréditos”, que debían ser utilizados para viviendas o infraestructura de gas y agua.
Además de Nicolás Ducoté, se encuentran implicados Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede.
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