El Senado volvió a sesionar este último jueves y generó un aumento de la temperatura en el ámbito político. Es que cuando la reunión en el recinto se acercaba a su fin, se dio lugar a la votación del proyecto que aumentaba la dieta de los senadores en un 170 por ciento.
La misma se llevó a cabo a mano alzada, y la iniciativa se aprobó en cuestiones de segundos. De esa manera, los 72 legisladores de la Cámara Alta vieron como su salario pasó de 1,7 a 4,5 millones de pesos, sin tener en cuenta algunos ítems que pueden hacer ascender esa cifra.
El dilema no comenzó ahí, ya que no hubo ningún tipo de debate entre los senadores, pero las repercusiones fuera del Congreso no se hicieron esperar. Una de las principales figuras en expresarse al respecto fue el presidente Javier Milei, quien criticó la medida y compartió en sus redes sociales: “Así se mueve la casta. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”. Y luego agregó: “Quiero aclarar que ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC. Nobleza obliga”.
No obstante, esa afirmación quedó enmarcada en una zona gris cuando la exdiputada Graciela Camaño respondió al mandatario: “Presidente, Ud. fue diputado; recordará que cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz y quien se abstiene pedir autorización al cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la verdad nos hará libres”.
Ahora bien, más allá del debate sobre quienes estuvieron a favor y quienes en contra del aumento, la medida fue aprobada y eso generó un fuerte rechazo en diferentes partes de la sociedad, que se quieren hacer escuchar.
Un ejemplo de ello es la Cámara de Comercio e Industria de Pilar (SCIPA), quien a través de un comunicado manifestó su “rotundo desacuerdo con el proyecto que otorga a los senadores un total de 13 dietas anuales a partir de mayo, siendo un aumento aproximado del 170 por ciento correspondiendo a un sueldo bruto de 7 millones de pesos”.
La institución planteó que “en un momento de ajustes y dificultades para el comercio y las pymes necesitamos que todos los sectores mantengan la austeridad, por eso, creemos que esta medida resulta desmedida, desafortunada e insensible”.
Y aseguró que “mientras el sector privado y la sociedad enfrentan desafíos económicos, es incomprensible aumentar los ingresos de los legisladores”.
Finalmente, solicitaron: “Instamos a reconsiderar esta decisión y priorizar políticas que realmente beneficien a todos los argentinos. La transparencia y el diálogo son fundamentales para construir un futuro más próspero y equitativo”.
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